Centros Poblados: PGN apeló decisión que tumbó 17 de sus medidas cautelares

La Procuraduría presentó un extenso recurso de apelación de 32 páginas ante el Consejo de Estado en contra de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que levantó las 17 medidas cautelares.

Esta decisión también habría levantado el embargo de consorcio que se quedó con contrato de Centros Poblados.

La Procuraduría General de la Nación había emitido estas 17 medidas cautelares para recuperar los $70.000 millones del anticipo para la compra de los equipos y los cuales fueron utilizados de manera indebida por parte de la Unión Temporal. Dice la petición del ente de control:

“Al Consejo de Estado, que se revoque el auto del 28 de septiembre de 2023, notificado por estado el 5 de octubre de 2023, mediante el cual se dio por terminada la presente acción popular y en su lugar se ordene continuar con el proceso en el estado en que se encontraba, esto es, la etapa probatoria y se fije fecha para la recepción de los testimonios que están pendientes de practicarse y la presente acción popular pueda culminar con una sentencia de fondo que resuelva las pretensiones y las demás situaciones procesales que surjan dentro del proceso”, dice el documento.

La Procuraduría había solicitado:

• El reintegro o devolución integral del anticipo pagado a la UT por un valor de $70.243.279.599,00.
• El resarcimiento de los perjuicios causados al Min Tic y al Fon Tic cuantificados en 42.944 salarios mínimos mensuales legales vigentes, SMMLV, derivados de la cláusula penal pactada en el contrato.
• El pago del daño emergente ocasionado al Min Tic y al Fondo Tic, por cuenta de la planeación y ejecución del contrato sin el cumplimiento de requisitos legales.
• La adopción de medidas por parte del Min Tic y el Fondo Tic, relacionadas con: i) medidas correctivas e incluso sancionatorias en contra de los servidores y particulares que tuvieron que ver con las irregularidades expuestas en la demanda.
• La adopción de medidas por parte del Min Tic y el Fondo Tic que aseguren la prestación eficiente, permanente y continua del servicio público esencial de internet en los departamentos de Amazonas, Arauca, Bogotá D.C., Bolívar, Boyacá, Casanare, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Magdalena, Nariño, Putumayo, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca y Vichada que era los que hacían parte del objeto del contrato de aporte 1043 de 2020.
• Declarar que los demandados son responsables de los daños, perjuicios e indemnizaciones que se lleguen a presentar en la ejecución del contrato caducado y adjudicado al segundo en orden de elegibilidad y que también los miembros de la UT son responsables por demandas o reclamaciones que se presenten con ocasión de las actividades que ejecutaron en el marco del contrato 1043 de 2020.

En el documento la Procuraduría cita como ejemplo el caso del reintegro que se logró con Emilio Tapia en Centros Poblados:

“Se tiene conocimiento que en la acción penal, el señor Emilio Tapia, indica que no se apropió de los $70.000 millones del anticipo del contrato, sino de una suma inferior, cercana a los $15.000 millones y que los demás recursos están ‘invertidos’ en equipos que serían instalados en los centros digitales, lo que, según su dicho no se pudo hacer por la declaratoria de caducidad del contrato”.

También recuerda que no debe perderse de vista que en este proceso se trata de lograr la restitución de los recursos.