Alcalde de Barranquilla propone eliminar la domiciliaria para delitos violentos

Barranquilla

A través de una carta enviada a los presidentes del Congreso y las altas cortes, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo pidió considerar la eliminación de la prisión domiciliaria para delitos violentos, la construcción de cárceles de menor costo y la eliminación del INPEC en el marco de la Reforma de la Justicia.

En el documento dirigido a presidentes de Senado, Cámara de Representantes, Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura, se asegura que el sistema judicial “está colapsado y es inviable en su estado actual”, lo que genera inseguridad en las ciudades y las zonas rurales.

“La ley, la jurisprudencia y los procesos internos no parecen facilitar la tarea a la Policía ni a los fiscales, y mientras brindan todas las garantías a los delincuentes estarían negándoselas a las víctimas”, mencionó el mandatario.

En el caso de Barranquilla, se mencionó que no se cuenta con suficientes jueces penales, fiscales e investigadores “para imputar, condenar y encarcelar a los delincuentes”, por lo que un juez penal puede llegar a acumular en su despacho hasta 600 casos.

Al mismo tiempo, aseguró que hay un hacinamiento superior al 25 % en la estructura carcelaria y penitenciaria, misma que calificó como “insuficiente” para cubrir la demanda de cupos.

Las propuestas de Pumarejo incluyeron: implementar un proceso judicial prioritario y expedito para quien porte armas de fuego de manera ilegal o cometa un crimen violento con ellas; eliminar la alternativa de casa por cárcel para quienes cometan delitos violentos o porten armas ilegales y remitirlos a una cárcel para detención preventiva mientras esperan su juicio; construir cárceles de menor costo y con capacidad de resocialización, donde los condenados trabajen y reduzcan los costos de manutención del Estado; revisar los presupuestos de la Rama Judicial y de la Fiscalía para que existan suficientes fiscales, investigadores y jueces penales que garanticen una justicia expedita y sin colapsos; reformar o liquidar el INPEC y, en este caso, que la Policía asuma la vigilancia de los centros penitenciarios y aumentar la inversión en modernización de sistemas tecnológicos para facilitar la labor de la Policía, especialmente en materia de inteligencia.

“Nuestro objetivo es que el Estado sea, por fin, implacable con los bandidos. Desde la seguridad y la posibilidad de vivir en paz es que podemos desprender nuestros sueños y hacer valer los demás derechos que tenemos. Libertad y orden, eso requerimos”, concluyó.