La destacada cantante barranquillera llegó a un acuerdo con la justicia española, que le permitirá evitar ir a juicio en el caso en el que se le acusa de eludir el pago de impuestos entre 2012 y 2014, simulando que vivía fuera de España.

A la luz de este acuerdo, Shakira admitió su culpabilidad y fue condenada por el tribunal a una pena de tres años de prisión y el pago de una multa de 7,3 millones de euros, una cantidad inferior a la fijada antes, que era de 23,7 millones de euros.

La intérprete, recientemente ganadora de un premio Latin Grammy, aceptó el pago de una multa millonaria a cambio de una rebaja de condena que evitará su entrada en prisión, tras admitir ante la justicia que defraudó 14,5 millones al fisco español entre los años 2012 y 2014.

Para librarse de ir a prisión Shakira deberá pagar 432.000 euros en total, 400 por cada día que debía pasar en la cárcel.

De acuerdo a los medios internacionales que siguen el caso, el pago, antes de la audiencia, de 14,5 millones de euros defraudados, más otros tres millones en intereses, permitió aplicar a su caso la atenuante de reparación del daño.

¿De qué trata el fraude fiscal, el delito que aceptó Shakira en España?

El delito de fraude fiscal en España es una actividad que se realiza al margen de la ley y consiste en engañar económicamente a la Administración para pagar menos impuestos o conseguir beneficios fiscales indebidos, según destaca el sitio Enciclopedia Económica.

En España, este delito puede ser cometido tanto por empresas como por individuos y se sanciona por los tribunales penales y la Agencia Tributaria. Está regulado por la Ley General Tributaria y el artículo 305 del Código Penal, en la jurisprudencia ibérica.

De acuerdo a Tax Down, entre las acciones u omisiones que constituyen fraude fiscal más comúnmente en España se encuentran:

• Sub-declarar deliberadamente u omitir ingresos.
• Reclamar deducciones falsas.
• Ocultar o transferir activos o ingresos.
• Exagerar la cantidad de deducciones.
• Asentar ingresos falsos en registros.
• No informar los ingresos obtenidos en la bolsa de valores.

Además, para que se considere fraude fiscal, las cantidades defraudadas deben superar ciertos límites. Por ejemplo, para que se aplique este tipo penal, la cantidad que se deba a la Hacienda Pública ha de ser, como mínimo, de 120.000 euros. Las penas a cumplir van de uno a cinco años de prisión, además del pago de una multa que puede llegar a multiplicar por seis la cantidad de dinero afectada.

Es importante destacar que el fraude fiscal es un problema grave a nivel mundial y también en España. Según datos de finales de 2022, se remitieron por parte de la Agencia Tributaria, al Ministerio Fiscal, 184 informes de delito fiscal, llegando a la cifra global de 612,33 millones de euros en dineros defraudados bajo este concepto.