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Gobierno enciende alarmas ante un nuevo asesinato de un reclamante de tierras

Diego Antonio Arrieta López es la nueva victima de grupos al margen de la ley que tomaron retaliaciones en su contra al ser beneficiario de una restitución de tierras

Imagen de referencia de entrega de tierras. Foto: Getty Images. / andresr

Desde la Unidad de Restitución de Tierras se informó el asesinato del líder social del corregimiento San Pablo Tulapas, Diego Antonio Arrieta López, quien era miembro de la vereda El Porvenir en Turbo, Antioquia y quien a su vez era reclamante de tierras en este sector del municipio antioqueño.

Ante el asesinato, quien se pronunció fue Giovani Yule, director general de la Unidad de Restitución de Tierras, quien denunció que en lo corrido del año ya se han asesinado 8 líderes por actores al margen de la ley.

Dentro de su declaración el director Yule reveló que “Antonio Arrieta tenía a su favor una sentencia judicial para que se le restituyera el derecho fundamental a su predio”.

Según se conoció, el predio que había sido entregado a López, había estado en disputa con empresarios madereros y terceros ocupantes, allí desde la URT se agregó que “este es uno de los casos más complejos del despojo en Urabá que involucra a paramilitares y empresarios, y que fue priorizado por la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP”.

Por su parte, Gerardo Vega Medina, director general de la Agencia Nacional de Tierras, solicitó medidas cautelares a la JEP para el caso de Tulapas y explicó que “el asesinato de Antonio Arrieta tiene una connotación muy grande porque en la zona de Tulapas la Reforestadora Integral de Antioquia – RIA, de la cual son socias la Gobernación de Antioquia, el Instituto de Desarrollo de Antioquia – IDEA y EPM, tiene sembradas 1.250 hectáreas de teca. Y RIA tiene un contrato de uso de tierras en el norte de Urabá para explotación de teca con el Fondo Ganadero de Córdoba, fondo que está en liquidación, fondo cuyos socios y representantes legales han confesado ante la JEP y ante Justicia y Paz que todo se hizo en connivencia con los grupos paramilitares, que despojaron, asesinaron e hicieron masacres en la región de Urabá”.

Finalmente, tanto la URT y la ANT exigieron a las autoridades acciones contundentes que conduzcan a parar el exterminio de los liderazgos territoriales.