Libertad de Andrés Felipe Arias: los pendientes de Agro Ingreso Seguro
Sigue La W hizo un recuento de los hechos de corrupción alrededor del caso de Agro Ingreso Seguro, que acabó metiendo a la cárcel al exministro Andrés Felipe Arias, quien recobró su libertad.
Andrés Felipe Arias. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)
Sigue la W realizó un balance de lo que ha sido el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro, uno de los mayores escándalos por desvío de recursos públicos y que comprometió, entre otros, al exministro Andrés Felipe Arias, quien recobró la libertad al cumplir las tres quintas partes de la sentencia privado de la libertad.
El caso tuvo conocimiento de la Fiscalía luego de las denuncias que advertían que entre 2007 y 2009 se adelantó un programa del Gobierno Nacional consistente en el otorgamiento de subsidios para proyectos agrícolas a familias que estuvieran interesadas. Sin embargo, familias prestantes obtuvieron dichos subsidios mediante el fraccionamiento irregular de tierras.
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En total la Fiscalía determinó que se entregaron subsidios por cerca de $16.567 millones de pesos favoreciendo a grupos familiares como fue el caso de las familias Dávila Fernández de Soto, Dávila Abondano y Vives Lacoture de la Costa Atlántica.
Una vez adelantadas las investigaciones se determinó la responsabilidad de funcionarios e integrantes de dichas familias a quienes la Fiscalía judicializó por las presuntas irregularidades en el programa de subsidios del programa ejecutado por el Ministerio de Agricultura.
Dentro del proceso se lograron condenas, negociaciones a cambio de colaboración con la justicia, preacuerdos aceptando responsabilidades y la devolución de una gran parte de los recursos, bajo una investigación que lideró el exfiscal delegado ante la corte suprema, Martín Moreno Sanjuan.
Uno de los condenados y cuyo proceso tuvo toda una serie de recursos buscando demostrar que no tuvo nada que ver fue el exministro de agricultura para la época de los hechos, Andrés Felipe Arias, quien fue sentenciado en 2014 a 17 años y 5 meses de prisión.
Sin embargo el primer condenado fue el exviceministro de agricultura Juan Camilo Salazar Rueda, quien aceptó su responsabilidad y recibió una sentencia de 10 años y 3 meses de prisión.
Por su parte Camila Reyes del Toro, exdirectora de comercio y financiamiento y Javier Enrique Romero Mercado, exdirector de desarrollo rural, negociaron un principio de oportunidad que les dio la inmunidad en el proceso penal y se convirtieron en testigos estrella contra otros de los implicados.
Junto a ellos fueron judicializados Juan David Ortega Arroyave, exsecretario de agricultura; Tulia Eugenia Méndez Reyes, exjefe de la oficina jurídica del Minagricultura; Óscar August Schroeder Muller, exjefe de la oficina jurídica y Rodolfo José Campó Soto, exgerente de Incoder, quienes según fuentes del proceso aún se encuentran en etapa de juicio.
Otro grupo de exfuncionarios llevado a los estrados fue el conformado por Julián Alfredo Gómez Díaz, exdirector del programa Agro Ingreso Seguro para el IICA; Jairo Cano Gallego, coordinador técnico; Julio César Daza, exjefe oficina jurídica IICA; Daniel Montoya López, coordinador programa AIS; Carlos Manuel Polo, de la comisión evaluadora de proyectos y el particular Enrique Antonio Angarita Rada, quienes igualmente aún se encuentran con el proceso penal activo según fuentes del caso.
En cuanto a los beneficiarios, la justicia condenó a los cuatro integrantes de la familia Dávila Fernández de Soto, quienes recibieron condenas entre los 20 y 22 meses de prisión, quienes fueron presentados ante jueces de la república junto a la exreina de belleza Valerie Dominguez, absuelta de todo cargo.
Los hermanos Juan Carlos y Alfonso Dávila Abondano fueron condenados en primera y segunda instancia a 24 meses de prisión, sin embargo su caso se encuentra a la espera de ser resuelto ante la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia.
Los hermanos Inés María y José Francisco Vives Lacouture la justicia los halló culpables y los condenó a 12 años de prisión, mientras que a otros ocho miembros de la misma familia la Fiscalía también logró otras condenas.
Hasta el momento y del total de los recursos públicos que fueron otorgados ilegalmente se ha logrado la recuperación de más de $12 mil millones de pesos, no obstante el caso que aún se encuentra activo continúa bajo la persecución y recuperación de los dineros.
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