En Puerto Boyacá estarían vulnerando derechos a más de 80 trabajadores de obras públicas

Tunja

Hace algunos días W Radio conocimos que más de 80 trabajadores que hacen parte de un proyecto de Vivienda de Interés Social que se desarrolla en el municipio de Puerto Boyacá no cuentan con un contrato escrito y tampoco están afiliados a seguridad social, poniendo así en riesgo sus vidas.

Al despacho de la abogada Mayra Pareja comenzaron a llegar solicitudes de acompañamiento y ayuda de varios trabajadores de estas obras quienes señalaron que estarían cansados de esta situación.

“Resalta a la vista jurídica que hay una latente vulneración de los derechos de los trabajadores, tanto individuales como también de derechos colectivo, pues estos son los casos en los que no aparece ni siquiera un contrato de trabajo, no son vinculados a riesgos laborales, no les brindan prestaciones sociales a los trabajadores que los sacan del trabajo y no hay un protocolo legal de desvinculación, ni tampoco de vinculación”, afirmó Pareja.

Pero el tema va más allá, puesto que de acuerdo con la abogada la empresa que contrató verbalmente a estos trabajadores para laborar en este proyecto de vivienda los lleva a otros proyectos de construcción pública bajo las mismas condiciones.

“Hasta el momento lo que he investigado a la luz jurídica, es que la forma de contratación que se viene manejando en el municipio de Puerto Boyacá, o por lo menos en los últimos años, que son los casos en los que estamos nosotros en este momento, hablo de los que yo tengo y de otros abogados con los que he hablado del municipio, encontramos que en el municipio se han realizado unos convenios interadministrativos cuantiosos en donde de manera directa se asignan los recursos a una asociación de varios municipios de acá del Magdalena Medio y digamos que a través de esos convenios es que se realizan esas obras públicas en colegios, por lo menos en los que yo he visto es una obra del barrio 7 de agosto ahí estaban construyendo un escenario deportivo que ya se terminó, entonces los trabajadores al terminar con sus labores los trasladaban, sin ningún protocolo legal, a todos los trabajadores de una obra a otra, por ejemplo otra obra que ya terminó también es la construcción de un Centro de Exposiciones y de allí los trabajadores los pasaron a otra obra y la entidad que venía ejecutando dicha obra es una asociación de municipios que se llama ANLA”, señaló Mayra Paredes.

La profesional en derecho afirmó además que años atrás desde la Alcaldía de Puerto Boyacá se realizaron varios convenios interinstitucionales de manera directa y no por licitación, pero algunos de ellos no han concluido.

“Hay varios convenios interadministrativos, hay uno por $12.000 millones, que es el escenario del Centro de Eventos y Exposiciones, otros por $7.000 millones y otros de los colegios pues son obras son varios colegios que fueron intervenidos con convenios de $3.000 millones. Son convenios que han sido como una forma de contratación directa que no se hicieron a través de licitación pública, pero con la nueva ley del 2022, como son recursos de regalías, entonces digamos que en cuanto a la norma de la forma de contratación ahí hay como varias irregularidades, Este es un llamado, una voz de alerta que es algo que, si merece que las autoridades le brinden más atención”, acotó Paredes.

Frente a este tipo de situaciones que estarían ocurriendo de manera reiterada, el Concejo Municipal decidió citar a control político al responsable o los responsables de la ejecución de los proyectos de vivienda en el municipio.

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