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Sindicato de trabajadores del INPEC en Risaralda se une al paro nacional

Desde la Unión de Trabajadores Penitenciarios, UTP, en Risaralda, piden al Gobierno Nacional medidas de protección al cuerpo de guardas carcelarios, pues son un cuerpo civil no armado.

Foto: Colprensa (referencia)

Foto: Colprensa (referencia)

Pereira

Al paro nacional convocado hace un par de días por los líderes de los sindicatos de trabajadores de los centros penitenciarios y carcelarios, INPEC, ante la ola de violencia que se vive en las cárceles del país y que inició con la muerte de un guardia de seguridad carcelaria en Cartagena, seguido de amenazas de bandas delincuenciales y ataques a otros 7 funcionarios, se suma la Unión de Trabajadores Penitenciarios de Risaralda.

El presidente de la UTP en este departamento, Pedro Vargas, manifestó que esto paro hace parte de un llamado conjunto al Gobierno Nacional para que garantice las medidas de protección necesarias a todos guardas de las instituciones penitenciarias y carcelarias, ante las constantes amenazas de las que han sido víctimas desde hace varios días.

“Esto prende las alarmas para nosotros. Si bien entendemos que estas bandas están en confrontación con el Gobierno Nacional, entonces un llamado al gobierno para que nos brinde protección porque nosotros somos un cuerpo civil uniformado que cumplimos una función que el Estado nos encomendó que es hacer cumplir lo que un juez de la república ordena, velar porque los privados de la libertad cumplan sus penas en establecimientos carcelarios. Exigimos que las bandas busquen diálogos de paz con el Gobierno porque nosotros no somos fuerza pública ni tenemos armamento para responder a una confrontación”, señaló.

La ola violenta inició con la muerte de un funcionario de la cárcel de Cartagena, y se perpetuó tras las amenazas que se volvieron realidad por parte de cabecillas de las bandas delincuenciales ‘El Mago’ y ‘La Inmaculada’ en Tuluá, donde se desató una cadena de hechos violentos desde el pasado 9 de febrero, además de otras novedades en la cárcel de Cómbita, en Boyacá y ciudades como Buga, Medellín y Cúcuta.

El saldo hasta el momento es de tres personas fallecidas, entre ellos guardas del INPEC, y otras 4 heridas en diferentes lugares del país.

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