Corte Interamericana condenó a El Salvador por tres desaparecidos durante la guerra civil
La guerra civil dejó en El Salvador unos 75.000 muertos, así como unos 7.000 desaparecidos, además de cuantiosos daños a la economía nacional.
Bandera de El Salvador. Foto: Getty Images / Derek Brumby
La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este jueves 16 de mayo culpable a El Salvador por las desapariciones forzadas de tres personas, entre ellas una defensora de derechos humanos y su padre, durante la guerra civil en ese país (1980-1992).
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“El Salvador (es) responsable por las desapariciones forzadas de Patricia Emilie Cuéllar Sandoval (defensora de derechos humanos), (su padre) Mauricio Cuéllar Cuéllar y Julia Orbelina Pérez (trabajadora doméstica del padre)”, indicó el tribunal continental en un comunicado.
Emilie Cuéllar fue vista por última vez el 28 de julio de 1982 tras dejar a sus hijos en la guardería, indicó la Corte con sede en San José en su sentencia.
Su padre y la empleada fueron sacados de su casa esa misma noche y desde entonces también se desconoce su paradero.
“Dentro del patrón de desapariciones forzadas que fue perpetrado durante el conflicto armado interno salvadoreño, se produjo la desaparición” de estas tres víctimas, señaló la Corte.
Emilie Cuellar era una “activa colaboradora” de movimientos cristianos desde 1975 y además trabajó entre 1979 y 1980 como secretaria de la Oficina de Socorro Jurídico Cristiano creada por el sacerdote jesuita Segundo Montes para atender a víctimas de violaciones de derechos humanos.
Montes fue uno de los seis sacerdotes jesuitas asesinados por miembros del ejército en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), el 16 de noviembre de 1989.
La guerra civil dejó en El Salvador unos 75.000 muertos, así como unos 7.000 desaparecidos, además de cuantiosos daños a la economía nacional.
La Corte dispuso como medidas de reparación que El Salvador investigue lo sucedido con estas víctimas y buscar sus restos para ser identificados y entregados a sus familiares.
También ordenó aplicar “mayor diligencia” a las investigaciones judiciales en curso para esclarecer los hechos y juzgar a los responsables, dar atención física y mental a las familias de las víctimas, y disponer mecanismos para la no repetición de este tipo de actos, entre otras medidas.
