Condenan al Estado por asesinato de un profesor dentro de la Universidad de Antioquia
Cristian Dario Bello, abogado especialista, explicó en Sigue La W el caso y los escenarios probables.
Universidad de Antioquia | Foto: Cortesía
El 30 de abril de 1998 fue asesinado el profesor Rafael Caldas Zárate dentro de las instalaciones de la Universidad de Antioquia por robarle un computador personal. Para la época de los hechos, el alma mater había adoptado la política de ‘puertas abiertas’.
El docente se encontraba en su oficina cuando unos jóvenes ingresaron para hurtarle su computador, la víctima opuso resistencia y salió detrás de los delincuentes, quienes le dispararon con arma de fuego para posteriormente huir del lugar. El profesor, quien fue trasladado a un hospital, murió por la gravedad de las heridas.
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Este hecho no se ha esclarecido en la justicia ordinaria y por ahora la Fiscalía se encuentra buscando la unidad que adelanta las investigaciones. Sin embargo, 26 años después la jurisdicción contencioso-administrativa ya dio resultados a través del Consejo de Estado que condenó a la Nación por omisión, específicamente a la Universidad de Antioquia.
La demanda fue interpuesta el 28 de febrero de 2000 por la esposa del profesor Caldas Zárate, Luz María Rivera Sampedro, en nombre propio y en representación de sus hijos María Paula y Sebastián Caldas Rivera, argumentando entre otros aspectos, que no hubo un control ni medidas de seguridad de la universidad pese a que ya se habían presentado otros actos delictivos durante la época de la política de ‘puertas abiertas’.
“Para evitar que le hurtaran su computador, el profesor persiguió a los agresores y estos le causaron la muerte mediante disparos hechos con arma de fuego. Según los demandantes, estos hechos ocurrieron porque la Universidad no brindó medidas de seguridad dentro del centro educativo, y no realizó controles adecuados al personal que ingresa a la institución”, señala el Consejo de Estado en el fallo de condena a la Universidad de Antioquia.
“Los problemas de inseguridad dentro del campus universitario eran conocidos por las directivas de la Universidad y la comunidad universitaria, y los hechos delictivos eran reiterativos; por ejemplo: a una profesora de Química le hurtaron su vehículo, y antes de que ocurriera la muerte del docente, delincuentes asesinaron a un estudiante dentro de la Universidad”, agrega el fallo que reúne los testimonios de algunos docentes de la época que advirtieron de estos hechos.
Sin embargo, sorprendió la respuesta de la Universidad de Antioquia que en su defensa culpó al docente víctima de homicidio al señalar que “i) propició el hurto de su computador personal al no tener la precaución de cerrar la puerta de su oficina y ii) se expuso innecesariamente a la acción violenta de los atracadores, pues los sacó de su oficina y los persiguió por uno de los corredores de la Universidad”
El Consejo de Estado fue certero al manifestar que “la Universidad implementó una política de puertas abiertas con mayor acercamiento a la comunidad, sin evaluar los riesgos en materia de seguridad y sometió a la víctima a un riesgo excepcional al no adoptar las medidas necesarias para garantizar su seguridad en el centro educativo. Está acreditado que, para la época de los hechos, las directivas de la Universidad conocían los problemas de inseguridad en la institución, y que previamente se habían presentado incidentes que imponían la necesidad de implementar mecanismos de seguridad”.
