Noboa nombró nuevo ministro de Gobierno y nueva vicepresidenta de Estado en Ecuador

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó este lunes 11 de noviembre a José De la Gasca como su nuevo ministro de Gobierno en sustitución de Arturo Félix, a quien el domingo envió a Colombia para un nuevo intento de adquirir electricidad procedente del vecino país que pueda mitigar la grave crisis energética que se mantiene en el territorio ecuatoriano.

En un comunicado, la Presidencia de Ecuador destacó la trayectoria en el servicio público de De la Gasca, que desde hacía cerca de un año se desempeñaba como embajador de Ecuador ante la ONU, en un periodo donde el país andino ostentó temporalmente la dirección del Consejo de Seguridad.

De la Gasca es un abogado experto en Criminalística y Ciencias Forenses, con diplomados en varias universidades de Estados Unidos y España.

Este cambio dentro del gabinete de Noboa se produce en un momento en el que se ha agudizado la crisis energética ante la sequía que afecta los ríos que alimentan las principales centrales hidroeléctricas de Ecuador, que sufre apagones programados de varias horas al día desde casi dos meses.

Desde este fin de semana, el empeoramiento de las condiciones hidrológicas llevó a que los racionamientos de electricidad pasaran a ser de doce horas al día a nivel nacional, si bien a finales de octubre llegaron a ser cortes del suministro eléctrico de hasta catorce horas al día.

Por ello Noboa anunció en la noche del domingo que enviaba a Arturo Félix, uno de sus hombres de mayor confianza, a intentar gestionar nuevamente en Colombia la adquisición de electricidad. Félix había asumido la cartera de Gobierno en agosto de este año tras haberse desempeñado previamente como secretario general de la Administración Pública y el Gabinete de la Presidencia.

En su mensaje, Noboa no especificó si Félix buscará reanudar la importación de energía con el Gobierno colombiano o tratará de concretar una adquisición de energía al sector privado del vecino país.

La compra de electricidad a empresas privadas era una posibilidad que el Ejecutivo ecuatoriano estaba gestionando desde que a finales de noviembre la ministra en funciones de Energía y Minas, Inés Manzano, recibió una respuesta negativa del Gobierno del presidente Gustavo Petro a retomar el suministro de electricidad al sistema energético de Ecuador.

Colombia suspendió la exportación de electricidad a Ecuador a inicios de octubre al señalar que no contaba con excedentes suficientes y que toda su producción estaba encaminada a garantizar el abastecimiento de su demanda nacional, pues también atravesaba por una situación similar de déficit hídrico.

Vicepresidencia en Ecuador

Daniel Noboa, designó este lunes 11 de noviembre a Sariha Moya como vicepresidenta encargada, después de que su Gobierno suspendiese por 150 días a la vicepresidenta y embajadora en Israel, Verónica Abad, con la que mantiene un enconado enfrentamiento y a la que, en principio, le debería delegar las funciones presidenciales durante la campaña electoral de las elecciones de 2025.

Moya se desempeñaba hasta ahora como secretaria nacional de Planificación, e incluso tras ganar Noboa las elecciones extraordinarias de 2023 fue anunciada preliminarmente por el equipo de Noboa para ocupar el cargo de ministra de Economía y Finanzas, una cartera que finalmente tomó Juan Carlos Vega.

El pasado sábado se conoció que el Ministerio de Trabajo suspendió a Abad por 150 días al no haberse presentado dentro de la fecha indicada por el Gobierno en Ankara, a donde el Ejecutivo la trasladó desde Tel Aviv por motivos de seguridad dentro del conflicto que se suscita en Oriente Medio.

La designación de Moya tuvo lugar horas después de que Abad, desde Turquía, tildara de “grosera violación a la Constitución y a las leyes” el sumario administrativo que le abrió el Ministerio de Trabajo y que le ha significado la suspensión por cinco meses.

En una intervención en vídeo difundida en redes sociales, Abad acusó el domingo a Noboa de presuntamente preparar un “golpe de Estado” en enero próximo al suponer que no respetará la delegación de las funciones presidenciales que -según la Constitución- le corresponde asumir a ella cuando el mandatario deba pedir licencia para la campaña electoral en la que buscará su reelección.

“Pretenden inhabilitarme por cinco meses por una falta no cometida y sin prueba alguna, con el solo objetivo de que no asuma la Presidencia de la República, cuando el presidente candidato entre en su campaña, en la que se encuentran ya abiertamente desde el inicio de su Gobierno”, dijo.

Noboa es uno de los 15 postulantes a la Presidencia y, para el periodo de campaña electoral debe pedir licencia y delegar el cargo temporalmente en Abad, con quien mantiene un enconado enfrentamiento desde incluso antes de iniciar su mandato.

“Utilizando argumentos propios de una dictadura, el presidente Noboa, sus ministros, han preparado organizadamente la ruptura del orden constitucional y el evidente golpe de Estado, que se prepara para el 6 de enero del 2025 para tomarse la sucesión presidencial y de esta forma pretender asegurar la reelección”, opinó Abad.

Mencionó “innumerables intentos” por presionar su renuncia, y recalcó que la suspensión de su cargo como vicepresidenta “es un claro reflejo de un Gobierno (...) que ha optado por el camino de la represión y el miedo en lugar de la transparencia y el respeto a la voluntad popular”.

“La utilización de las instituciones para fines personales y la ruptura del orden constitucional son prácticas que no podemos tolerar”, sostuvo.

Ecuador padece un déficit de alrededor de 1.000 megavatios para atender su demanda nacional ya que la matriz energética del país depende de más de un 70 % de centrales hidroeléctricas, afectadas por la peor sequía de los últimos 60 años, según lo ha calificado el Gobierno.

El Ejecutivo trata de poner en marcha lo antes posible la central hidroeléctrica de Toachi-Pilatón, de unos 204 megavatios de potencia, así como intenta hacer gestiones para importar energía de empresas colombianas.

La crisis energética de Ecuador se ha visto también agravada por la falta de inversiones en los últimos años en un sector controlado íntegramente por empresas públicas, lo que ha abierto el debate en el país de realizar reformas para facilitar la llegada de inversión privada.