Se destrabó concurso de méritos de la Fiscalía: Juez levantó suspensión y habrá examen

W Radio conoció en primicia que la juez novena Laboral del Circuito de Barranquilla, Amelia Rondón Bohórquez, levantó la medida provisional impuesta contra el concurso de méritos de la Fiscalía General de la Nación y ordenó que el examen programado para el domingo 24 de agosto se realice con total normalidad, pero incluyendo a Nelson Uribe Martínez.

La juez decidió modificar la medida provisional tras atender la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que en el informe de tutela “solicitó de manera subsidiaria la modulación de dicha medida cautelar, a efectos de que se autorice la citación del actor para la presentación de las pruebas escritas”.

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Tras analizar las consideraciones de la Fiscalía, decidió modificar el auto y levantar la suspensión, por lo que el examen programado para el domingo 24 de agosto se realizará como se había programado inicialmente.

“El Despacho considera que la solicitud de la Fiscalía General de la Nación es procedente, pues armoniza la protección provisional del derecho del accionante con el desarrollo del proceso de selección. Permitir la participación del actor en el examen programado para el 24 de agosto de 2025 previene la materialización de un perjuicio irremediable, sin que ello implique un prejuzgamiento sobre el fondo del asunto. En consecuencia, se levantará la suspensión de la aplicación de las pruebas que había sido previamente ordenada.”

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En ese sentido, decidió:

“RESUELVE:

1. MODIFICAR el numeral tercero del auto proferido el 14 de agosto de 2025, por medio del cual se decretó medida provisional. En su lugar, se ORDENA a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad Libre que garanticen la participación del señor Nelson Uribe Martínez en el examen programado para el día 24 de agosto de 2025. En consecuencia, LEVÁNTESE la suspensión de la aplicación de las pruebas que había sido previamente ordenada.
2. ADVERTIR a las partes e intervinientes que la participación del accionante en la prueba referida, así como en las fases subsiguientes del concurso, tendrá un carácter estrictamente provisional. La consolidación y validez de sus resultados estarán supeditadas a la decisión definitiva que se adopte en la presente acción de tutela.
3. NOTIFICAR esta providencia a las partes y a los vinculados por el medio más expedito y eficaz.
4. ORDENAR a la Universidad Libre, en su calidad de entidad operadora del concurso, que en el término perentorio de una (1) hora contada a partir de la comunicación de esta providencia, notifique la presente decisión a todas las personas vinculadas al proceso. Deberá arribar a este Despacho el soporte de dichas comunicaciones con las respectivas constancias de entrega”, se lee en el auto expedido en la tarde de este miércoles, 20 de agosto.

Cabe recordar que la juez había suspendido el concurso de méritos en medio del estudio de una acción de tutela interpuesta por el abogado Nelson Uribe Martínez. Le pidió a la Fiscalía y a la Universidad Libre, que evaluará el cumplimiento de los requisitos, que lo incluyera en la lista de elegibles, como lo informó el periodista Daniel Coronell en el Reporte Coronell de W Radio.

El jurista también señaló que no consideraron su experiencia como profesional del derecho, ni tampoco el tiempo que ha sido docente universitario.

Sin embargo, la juez, sin que se hubiera solicitado la medida cautelar, sino de oficio, decidió imponerla y suspendió el concurso de méritos.

Por esto, el director Ejecutivo de la Fiscalía General de la Nación, Alejandro Giraldo, le pidió a la juez que se declarara impedida para resolver la tutela sobre el concurso de méritos, por conflicto de intereses.

Además, explicó las razones por las que la juez novena Laboral del Circuito de Barranquilla, Amelia Rondón Bohórquez, debía declararse impedida.

Luego de conocerse la decisión de la juez, la Fiscalía emitió un comunicado en el que celebró que el concurso pueda llevarse a cabo sin contratiempos.

La entidad invirtió en este concurso entre 5.000 y 7.000 millones de pesos, por lo que era urgente que se pudieran hacer las pruebas escritas a los cerca de 100.000 interesados en participar.

“Para la Fiscalía, la orden judicial derogada, emitida en principio de manera oficiosa por la juez al dar trámite a la acción de tutela de un aspirante inadmitido por falta del requisito pleno de la experiencia profesional, resultaba desproporcionada y comprometía la validez técnica, logística y financiera del proceso”, mencionó la entidad en un comunicado.

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