¿Fin a Airbnb? Proyecto de decreto de Gobierno pondría en jaque a plataformas de turismo
Según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, la iniciativa crea una licencia a la actividad turística al imponer cargas documentales que van más allá de la ley. Pequeños prestadores tendrían que asumir costos como si fueran comerciantes.

Imagen de referencia de viaje y Airbnb. Fotos: Getty Images / X @Airbnb
Un borrador de decreto del Ministerio de Comercio ha generado una turbulencia en algunos prestadores de servicios turísticos como Airbnb, pues pondría nuevos requisitos para tener el Registro Nacional de Turismo (con el que pueden operar legalmente) y, según varios expertos, esto llevaría tanto a empresas del sector gastronómico como de turismo hacia la informalidad.
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“Observamos el drástico paso de las gestiones del RNT basado en declaraciones bajo gravedad de juramento a soportes y verificaciones que transforman un trámite accesible a uno de proceso complejo, eliminando la posibilidad de que un prestador pequeño sea considerado no comerciante”, aseguró la Asociación Colombiana de Gastronomía y Turismo (Acoga).
Este gremio también resaltó que este proyecto de decreto aumenta la burocracia y tramitología, haciendo más dispendioso los trámites y colapsando a las autoridades encargadas de estos procesos o verificaciones y llevaría a muchos prestadores a prescindir de la renovación.
La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones coincidió con esto y aseguró que “el Proyecto de Decreto propone transformar el sistema actual de registro (declarativo, eficiente y alineado con la Ley 2068 de 2020) en un sistema de preverificación administrado por la autoridad, que decidiría quién puede o no operar como prestador turístico”.
“La iniciativa crea una licencia de facto la actividad turística al imponer cargas documentales que van más allá de la Ley. Este requiere verificar uso del suelo, reglamentos de propiedad horizontal y permisos que no son exigidos por la normativa vigente. Además, impone costos y requisitos propios de comerciantes a pequeños prestadores, y no contempla un periodo de adecuación, lo que haría inaplicable la norma y podría dejar al país sin oferta turística legal de un día para otro”, afirmó en el comunicado.
Asimismo, el gremio alerta que el proyecto de decreto les exige funciones que no están contempladas en la ley, concretamente: Verificar cada seis meses la vigencia del RNT, supervisar que no existan anuncios repetidos y garantizar interoperabilidad con sistemas gubernamentales aún no implementados.
Esto, afirmó, reduciría la llegada de visitantes a zonas rurales, PDET y municipios sin infraestructura hotelera.
Este gremio recordó que más del 95 % de los anfitriones (de plataformas como Airbnb) se encuentran registrados en el RNT, lo que demuestra que esfuerzos pasados de formalización y regularización fueron exitosos.
Por su parte, para el Ministerio de Comercio la actualización normativa del RNT “resulta indispensable para prevenir la inscripción irregular de prestadores, mejorar los sistemas de identificación y verificación, evitar suplantaciones o falsedad en documentos, y garantizar información veraz, completa y oportuna para los consumidores turísticos y las autoridades de control”.
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