ACREES alertó sobre retos fiscales tras aprobación de reforma a la educación superior
Señalan que varios de sus objetivos dependieron de la disponibilidad real de recursos públicos.
Educación superior, tecnólogos, imágenes de referencia (Getty Images). / martinedoucet
La Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior (ACREES) publicó un comunicado en el que expuso preocupaciones técnicas y presupuestales frente al panorama que se abrió luego de que el Congreso de la República dio luz verde a una reforma estructural a la Ley 30 de educación superior.
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Según la organización, aunque la reforma planteó avances importantes para el fortalecimiento de las universidades públicas, persistieron interrogantes sobre la sostenibilidad fiscal de las medidas aprobadas. ACREES sostuvo que varios de los objetivos misionales anunciados durante el debate legislativo dependieron directamente de la capacidad financiera del Estado, en un contexto marcado por el déficit fiscal nacional y los recortes presupuestales recientes.
La Asociación aseguró que la comunidad educativa mantuvo una postura vigilante frente a la implementación de la reforma y consideró necesario evaluar con detalle los nuevos escenarios que se configuraron para el sector. En ese sentido, uno de los puntos centrales del pronunciamiento fue la necesidad de adelantar un análisis riguroso de la ley de competencias que se radicó recientemente y su articulación con el Acto Legislativo 03 de 2024.
ACREES recordó que dicha reforma constitucional habilitó a los entes territoriales para concurrir en el financiamiento de los dos primeros años de la educación superior. Sin embargo, advirtió que este cambio exigió claridad normativa y presupuestal para evitar vacíos en la ejecución y posibles desigualdades entre regiones.
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La reforma a la Ley 30 también modificó el esquema de financiación histórica de las universidades públicas. Durante cerca de 40 años, el crecimiento presupuestal se calculó con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con la nueva normativa, ese referente se eliminó y se reemplazó por el Índice de Costos de la Educación Superior, un indicador que, según el Gobierno y el ministro Daniel Rojas, aseguró un incremento más acorde con las necesidades reales del sistema.
No obstante, ACREES insistió en que el aumento de recursos anunciado debió acompañarse de un análisis fiscal detallado que garantizara su viabilidad en el tiempo y evitara que las expectativas generadas superaran la capacidad financiera del Estado.
