Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, a la cárcel por el escándalo de la UNGRD
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura de forma inmediata para que sean recluidos preventivamente en un centro carcelario.
Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, a la cárcel por el escándalo de la UNGRD
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó la detención preventiva y captura inmediata de los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco por su presunta relación con el escándalo de la UNGRD.
La Fiscalía había pedido detención provisional domiciliaria
Para la magistrada Aura Alexandra Rosero Baquero, la medida de detención provisional domiciliaria como lo solicitaba la Fiscalía resultaba insuficiente, en vista de la gravedad de los delitos -contra la administración pública- y de la presunta participación de Velasco y Bonilla como “cabezas” en el entramado criminal.
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La magistrada Rosero Baquero dijo que la decisión era “urgente, necesaria e idónea” quien argumentó que la Fiscalía General de la Nación logró demostrar la inferencia razonable de autoría y participación en los hechos investigados.
También argumentó que los exministros, “habrían orientado al parecer su voluntad a incidir en forma determinante en actuaciones administrativas y contractuales con fines ajenos al interés general”.
Agregó además la magistrada que, “los elementos de convicción permiten sostener de manera provisional que las conductas carecían de justificación jurídica y resultarían idóneas para poner en riesgo bienes jurídicos como la administración pública”.
Elementos presentados por la Fiscalía
Para la magistrada Rosero, los elementos presentados por la Fiscalía permiten superar, en grado de probabilidad, los meros señalamientos, para convertirse en serias hipótesis de una posible relación delincuencial de los exministros con el entramado de intercambio de proyectos en el congreso a cambio de apoyo parlamentario.
De acuerdo con lo expuesto por la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, los testimonios de los testigos claves como María Alejandra Benavides, Olmedo López y Sneyder Pinilla, permiten inferir que Bonilla y Velasco serían “cabezas” dentro de la estructura ilegal de la UNGRD.
En criterio de la magistrada Rosero, la necesidad de recluirlos en un centro carcelario es apremiante ante la persistencia del riesgo para el proceso o una eventual reincidencia en la conducta, a lo que los argumentos de la defensa resultaron insuficientes.
Asimismo, para la juez, la desvinculación de los procesados con actividades políticas no resulta en un argumento sólido para evitar la necesidad de una detención intramural. Igual las condiciones de salud del exministro Ricardo Bonilla, al no haber acreditado que ellas sean incompatibles con la reclusión en cárcel.
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La decisión fue objeto de recursos de reposición y apelación por parte de la Procuraduría y de la defensa de los procesados, pero igualmente, las capturas se tendrán que adelantar de forma inmediata si la magistrada Rosero Baquero no cambia su decisión.
Este fue el momento en que se decide enviar a la cárcel a Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco
¿Qué argumentan los abogados para pedir que se tumbe la captura?
Luego de solicitar a la magistrada Rosero que reconsiderara su decisión y que, de no funcionar, apelaran a la determinación que definió enviar a la cárcel a los exministros, los abogados de los procesados argumentaron las razones.
En criterio de los defensores, la medida de detención inmediata y preventiva en cárcel es excesiva, agregando que no cometieron delito alguno, porque nunca se intercambiaron contratos por votos, en cambio, se trató solamente de gestiones normales a proyectos que interesaban a los congresistas.
“Se está criminalizando la relación armónica entre los diferentes poderes”, señaló Juan Camilo Bolaños, defensor de Ricardo Bonilla.
Adicionalmente, argumentaron que ninguno de los dos exministros representan un peligro para la sociedad, y hay total ausencia de emergencia que acredite la necesidad de privarlos de la libertad.
De hecho, el abogado del exministro Bonilla, recalcó que el exfuncionario no es ascendente político, tiene 76 años de edad y cuenta con prescripciones médicas, pero además ha comparecido ante la justicia, por lo cual solicitó que se determine echar para atrás la orden de detención intramural y se cambie por prisión domiciliaria o medida no privativa de la libertad.
Por su parte, la abogada Rosa Elena Suárez, defensora de Luis Fernando Velasco, cuestionó a la magistratura por ir “más allá” de la solicitud de la Fiscalía, que pedía detención domiciliaria. “El juez no puede redefinir el sentido probatorio de una evidencia”, cuestionó Suárez.
También recalcó que el exministro no tiene algún capital político actual y está retirado de las funciones públicas, por lo cual era improcedente la detención intramural.
No obstante, la segunda instancia, tras esta apelación, será la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
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