Allanan finca agroindustrial en el Magdalena por conexiones ilegales al servicio eléctrico
Propietarios del predio le adeudan a Electricaribe $3.487.962.038, producto del no pago de facturas e intereses por mora
La deuda de este predio a Electricaribe asciende a $3.487.962.038, correspondiente a facturas no pagadas en los últimos doce años. Foto: Getty Images(Thot)
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios estuvo presente en el allanamiento realizado por funcionarios de la Sijin de la Policía Nacional - Seccional Magdalena y la Fiscalía General de la Nación a la finca “La Ilusión”, ubicada en el corregimiento de Río Frío, del municipio Zona Bananera, luego que Electricaribe pusiera en conocimiento de las autoridades, las conexiones ilegales al servicio de energía eléctrica.
En el operativo se evidenció la manipulación y alteración de elementos empleados para la medición de los consumos (equipos de medida), con el fin de obtener el servicio de energía eléctrica mediante conexiones no autorizadas por la empresa.
La deuda de este predio a Electricaribe asciende a $3.487.962.038, correspondiente a facturas no pagadas en los últimos doce años, facturas pagadas parcialmente e intereses moratorios. La compañía emitió distintas órdenes de suspensión del servicio, pero dada la ubicación del equipo de medida, el cual fue trasladado irregularmente por el propietario del predio, no se habían podido ejecutar. Ante ello, se desmontaron 1.400 metros de cable de aluminio número 2, un transformador trifásico de 45 kilovatios, un poste de doce metros de cemento, seis crucetas de madera, una cruceta metálica, veinticinco aisladores y seis corta circuitos; asimismo se inhabilitaron otros dos transformadores que quedaron en custodia en la finca.
La Superintendente, Natasha Avendaño García, fue enfática en afirmar que “es inaudito que personas y empresas como los propietarios de “La Ilusión” que son quienes más recursos tienen, realicen acciones inescrupulosas que afectan a toda una comunidad, estas conductas pueden configurar un delito por defraudación de fluidos tal como lo contempla el artículo 256 del Código Penal. Serán las autoridades competentes las que tomen las medidas necesarias e inicien las investigaciones pertinentes frente a estos hechos que afectan la operación de la empresa y la prestación de los servicios públicos domiciliarios”.
