Corte Constitucional se alista ante una eventual caída de la Ley de Financiamiento
Deberá informar las estimaciones de recaudo para los años fiscales de 2019 a 2022 y la estimación de recaudos esperados de ingresos tributarios en los principales impuestos.
Tras la solicitud de dos ciudadanos de pedir la inexequibilidad de la totalidad de la Ley de Financiamiento, la Corte Constitucional pidió concepto técnico a la Contraloría General de la República, al Ministerio de Hacienda y a más de nueve universidades (entre las que se encuentran Los Andes y la Javeriana) sobre cuál es el impacto económico que tendría la exequibilidad o la inexequibilidad integral o parcial de la ley.
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En este auto con ponencia del magistrado Alejandro Linares, que conoció La W en primicia, las entidades consultadas deben tener en cuenta:
- Estimaciones de recaudo para los años fiscales de 2019 a 2022.
- Estimación de recaudos esperados de ingresos tributarios en los principales impuestos.
- En general, las consecuencias económicas sobre la sostenibilidad fiscal, el marco fiscal de mediano plazo, la estabilidad macro económica del país y la política económica general.
A partir del 7 de octubre, por Secretaría General de la Corte, se trasladan las pruebas allegadas hasta el viernes 4 de octubre a las 5:00 de la tarde a la Procuraduría, al Ministerio de Hacienda y al Departamento Administrativo de la Presidencia, para que en un término de tres días hábiles se pronuncien sobre su contenido, si lo estiman conveniente.