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con Julio Sánchez Cristo


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¿El Hotel Gente de Mar de Islas del Rosario está operando de forma irregular?

Según resoluciones oficiales, el complejo tiene orden de recuperación inmediata porque se ha establecido su ocupación indebida.

Complejo turístico Gente del Mar. Foto: Gente-de-Mar-Resort / Facebook

La W conoció que la Agencia Nacional de Tierras no estaría ejerciendo sus funciones para recuperar los predios que le pertenecen y que están ocupados de forma irregular. Es el caso del reconocido hotel Gente de Mar, ubicado en el sector Punta de lsla Grande, Archipiélago de las Islas del Rosario, corregimiento de Barú.  

Aunque este hotel, según confirmó este medio, tiene Registro Nacional de Turismo, ha hecho aportes de contribución parafiscal por lo menos hasta el primer trimestre del año y cobra a sus huéspedes seguros e impuestos, estaría siendo explotado comercialmente de forma irregular. Esto a cuenta de dos Resoluciones que así lo establecieron: la primera es la número 1935 de 2007, en la que el subgerente de Ordenamiento Social de la Propiedad del entonces Incoder declaró que el señor Álvaro Navia Reyes, ocupaba de manera ilegal dicho terreno baldío.

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Y la Resolución 02568 de 28 de mayo de 2015, que ordenó la recuperación inmediata del baldío, ocupado de forma irregular. Sin embargo, esta orden no se ha cumplido, incluso fuentes cercanas al proceso, señalaron que hace cuatro años se intentó hacer el operativo, pero como costaba cerca de $500 millones no fue priorizado por cuanto el Incoder inició su etapa de liquidación.

Este hotel, según evidencian las resoluciones, no tiene y nunca ha tenido contrato de arrendamiento alguno o de usufructo del predio, tampoco hemos encontrado un soporte del pago de la explotación del bien baldío de la Nación: no se encuentra tampoco en la lista de morosos de la ANT.  

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Incluso, en una auditoría reciente, la Contraloría General de la República estableció un grave hallazgo fiscal en la Agencia Nacional de Tierras por una gestión antieconómica que, señaló el ente de control, permite que particulares continúen usufructuando bienes estatales sin la contraprestación requerida, lo que genera un alto riesgo de daño patrimonial por el aprovechamiento de bienes del Estado en beneficio de terceros.

Y se estableció una cuantía fiscal por $1.920 millones, que es el presunto daño patrimonial que ha significado la poca efectiva gestión de la ANT para recuperar los recursos no pagados por los arrendatarios de los predios ubicados en las islas del Rosario y San Bernardo, donde a 31 de diciembre de 2018 se evidencia una cartera de más de 90 días y hasta 8,53 años de morosidad.

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