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En 2017, Iván Duque le pidió a la SIC que interviniera en caso Odebrecht

Menos de un mes después, la Superintendencia ordenó liquidar el contrato con el concesionario Ruta del Sol.

En enero de 2017, el entonces senador Iván Duque le envió una carta al superintendente Pablo Felipe Robledo para que investigara una violación del régimen de competencia por parte de Odebrecht. Foto: Getty Images

En enero de 2017, el entonces senador Iván Duque le envió una carta al superintendente Pablo Felipe Robledo para que investigara una violación del régimen de competencia por parte de Odebrecht. Foto: Getty Images(Thot)

El 23 de enero de 2017, el entonces senador del Centro Democrático, Iván Duque, le envió una carta al superintendente de Industria y Comercio del momento, Pablo Felipe Robledo, para que investigara una eventual violación del régimen de competencia por parte de Odebrecht.

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“Se investiguen las prácticas y responsabilidades de la empresa Norberto Odebrecht de Colombia Ltda. por la eventual violación del régimen de libre competencia, por acceder a licitaciones y contratos de manera fraudulenta, y su posible concurso con la comisión de los delitos contenidos en los artículos 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410 y 410A de la Ley 599 de 2000”, dice el documento.

El entonces senador Duque también pidió que se investigaran las “responsabilidades administrativas y jurisdiccionales” de las empresas que “con conocimiento, acuerdo, omisión y/o complicidad hayan vulnerado el régimen de libre competencia” junto a Odebrecht.

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El 16 de febrero de 2017, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) adoptó una medida cautelar, ordenando a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) dar por terminado el contrato suscrito con la concesionaria Ruta del Sol para la concesión de la construcción de la vía Ruta del Sol II, por considerar que la adjudicación del contrato se había dado, presuntamente, en razón de prácticas restrictivas de la competencia.

El senador Rodrigo Lara señaló esa medida cautelar como la razón por la que el Estado debe pagar deudas del concesionario por $1,2 billones, al no permitir que la ANI declarara la caducidad del contrato.

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