Habla la mujer que se quedó sin trabajo en el Mininterior tras reportar su embarazo
El Ministerio del Interior le aseguró a la W que está revisando el caso con el área jurídica para tomar una decisión.
Tatiana González, de 29 años, es profesional en relaciones internacionales y estudios políticos con dos posgrados. Ahora vive una pesadilla por cuenta de la terminación de su contrato en el Ministerio del Interior sin explicación alguna.
Luego de siete años de servicio en la Dirección de Participación Ciudadana, el Ministerio decidió finalizar su contrato por prestación de servicios el 31 de diciembre de 2019, aún cuando había notificado su embarazo el 17 de octubre del mismo año.
“En octubre yo me enteré de que estaba embarazada y ahí las cosas empezaron a cambiar, muchas de las cosas que yo hacía ya no me dejaron seguirlas haciendo. Fui a hablar con la supervisora del contrato, Hilda Gutiérrez, y ella me dijo que esperara y nunca más volvió a contestarme el teléfono”, señaló.
Y aunque González envió un derecho de petición al Ministerio solicitando la suscripción de un nuevo contrato, amparándose en el derecho a la “Estabilidad Laboral Reforzada” debido a su embarazo, en la respuesta le aclararon que esto no aplica para los contratos por prestación de servicios y que si hay necesidad de volver a contratarla se procederá a hacerlo bajo el principio de discrecionalidad.
“Yo no tengo de dónde pagar todos mis gastos. Yo pago la universidad, los bancos, el apartamento, mi carro. Es sentir que el mundo se te viene encima con todas las deudas al mismo tiempo. No miro cosas de bebés porque no tengo con qué pagar nada y eso me da más duro”, lamentó.
Ante la situación, González interpuso una tutela ante el Juzgado 13 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, para amparar su derecho al mínimo vital, a la protección del hijo por nacer y a la no discriminación por calidad de gestante.
Sin embargo, la tutela fue negada porque “no existe prueba de que hubieran existido los elementos de un contrato laboral” y aunque percibió unos honorarios de $68.310.000, “no se encuentra acreditada la continua subordinación o dependencia en la prestación del servicio”.
“Se reitera que la acción de tutela no es el mecanismo legal para atender la defensa de los intereses de la demandante”, dice el fallo.
La denunciante impugnó la decisión y está a la espera de una respuesta favorable. Entretanto La W consultó al Ministerio del Interior y explicó que el contrato de varios funcionarios se terminaba el 31 de diciembre del año pasado y que en febrero de 2020 iniciaron nuevos procesos de contratación. Además, resaltó que hay que tener en cuenta el cambio de la jefe de cartera.
“Venía trabajando como profesional y en el mes de octubre, cuando yo avisé que estaba embarazada, la carga laboral empezó a disminuir, las funciones y las obligaciones también fueron bajando hasta que en diciembre, cuando se terminó el contrato, no me quisieron renovar. No hay queja de mi trabajo y creo que el estar embarazada no cayó bien”, dijo Tatiana González en diálogo con La W.
“El juez me negó la tutela, en primera instancia, desconociendo la jurisprudencia y las leyes que protegen a las mujeres que estamos embarazadas. Falló en contra y lo que hice fue apelar la decisión, ahora está en el Tribunal Superior de Bogotá, está en la sala penal y tengo fe de que la juez haga valer mis derechos”, señaló González.
Finalmente indicó que del Ministerio del Interior le dijeron que esperara los procesos de contratación.
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