El Juzgado 49 Administrativo de Bogotá les ordenó al INPEC y a la USPEC dotar a los sindicalistas, de las cárceles del país, de elementos de protección personal y de bioseguridad para prevenir una propagación del COVID-19.
Y es que la Asociación Sindical de Servidores Públicos del Sistema Penitenciario y Carcelario Colombiano, UTP, interpuso una acción de tutela por la presunta violación de los derechos fundamentales al trabajo digno y seguro, dignidad humana, igualdad, condiciones de higiene y seguridad en el trabajo, ambiente sano y acceso a la justicia.
En su estudio el juez concluyó que aunque la USPEC ha suministrado elementos de protección a los establecimientos penitenciarios y carcelarios a nivel nacional, estas acciones “resultan insuficientes para quienes prestan su labor en los centros penitenciarios y carcelarios”.
“Son los que a diario están encargados de vigilar la población reclusa, lo que obliga en ocasiones a no respetar la distancia mínima que debe haber entre personas y con ello a una exposición mayor. No hay acciones que permitan establecer que se garantiza el trabajo en condiciones de higiene y seguridad”, señala el fallo de tutela.
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