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Las reacciones tras la orden de retirar el cartel '¿Quién dio la orden?'

Luz Marina Hache, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, dijo que en Colombia la verdad seguirá ocultándose y los crímenes quedarán impunes.

El Representante Ricardo Ferro manifestó que no es aceptable que se le pida justicia al estado de derecho, pero a la vez se inculpen personas sin un proceso. . Foto: Colprensa

El pasado 25 de febrero, un juez de Bogotá le ordenó al Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) que retirara de sus redes sociales y páginas de internet las imágenes del denominado “Cartel de los ‘falsos positivos’”.

En dicho cartel figuran cinco oficiales del Ejército Nacional: coronel (r) Juan Carlos Barrera, general Adolfo León Hernández, general (r) Mario Montoya Uribe, general (r) Nicacio de Jesús Martínez y el general Marcos Evangelista Pinto. Sus fotos están acompañadas del mensaje “¿Quién dio la orden?” y una leyenda que los vincula con las ejecuciones extrajudiciales.

Según el juez, su orden se encontraba basada en que “ninguno de los militares que aparece en dicha imagen ha sido condenado por las autoridades”.

Después de que el general (r) Montoya y el general Pinto promovieran una acción de tutela contra este cartel, ahora el movimiento deberá “eliminar de murales, redes sociales, medios de comunicación hablados o por escritos la imagen objeto de la acción y en la que aparece la reproducción gráfica (…) y abstenerse en lo sucesivo de publicar dicha reproducción o reproducciones en el mismo sentido”.

En diálogo con La W, Luz Marina Hache, vocera del Movice, rechazó la orden del juez y expresó que “en Colombia la verdad seguirá ocultándose y los crímenes quedarán impunes”.

“Está comprobado que de 2005 a 2008 aumentaron los falsos positivos (…) que Marcos Evangelista acuda a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y demuestre que no tuvo nada qué ver, pero esta no es la forma”, agregó Hache.

Por su parte, Ricardo Ferro, representante a la Cámara por el Centro Democrático, manifestó que “no es aceptable que se le pida justicia al Estado de Derecho, pero a la vez se inculpen personas sin un proceso”.

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