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¿Negocio en la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía?

En W Radio se han publicado las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el caso Meritage y las acusaciones de Otto Bula.

En la Fiscalía General de la Nación se está destapando un escándalo de presunta corrupción que involucraría a funcionarios de la entidad y salpicaría a delegados de la Embajada de Estados Unidos. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA

En la Fiscalía General de la Nación se está destapando un escándalo de presunta corrupción que involucraría a funcionarios de la entidad y salpicaría a delegados de la Embajada de Estados Unidos. Foto: Colprensa / ÁLVARO TAVERA(Thot)

En la Fiscalía General de la Nación se está destapando un escándalo de presunta corrupción que involucraría a funcionarios de la entidad y salpicaría a delegados de la Embajada de Estados Unidos.

La fiscal Ana Catalina Noguera, quien llegó en la administración del fiscal Francisco Barbosa a la dirección de extinción de dominio de la Fiscalía tras la salida de Andrea Malagón, empezó a investigar las supuestas irregularidades dentro de este grupo.

Hay que recordar que en W Radio se han publicado las investigaciones sobre presuntas irregularidades en el caso Meritage, proceso del que Malagon era líder, y las acusaciones de Otto Bula quien aseguró que dos hermanos de Córdoba le pidieron dinero a cambio de beneficios por parte de la exfuncionaria y la dirección de Extinción de Dominio.

Malagon está en la fiscalía desde la administración de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo. 

Estos fueron algunos de los artículos publicados por W Radio:

Ana Catalina Noguera empezó a investigar a la fiscal Mónica Valencia, quien trabajó con Malagón, y tenía procesos relacionados con narcos y testaferros de la Oficina de Envigado. Además, tenía estrecha relación con funcionarios de agencias estadounidenses como la DEA y la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).

Valencia trabajaba de la mano con los agentes norteamericanos, quienes le insistían a Noguera de la permanencia de la funcionaría en importantes investigaciones contra el narcotráfico. Sin embargo, en octubre de 2019, la nueva directora ordenó el traslado de Valencia a otra unidad ante los rumores que crecían en la fiscalía.

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EL NEGOCIO EN EXTINCIÓN DE DOMINIO

Este fin de semana, el diario El Espectador publicó que el narcotraficante José Bayron Piedrahita, contó a las autoridades que, desde la Dirección de Extinción de Dominio bajo la dirección de Malagón y el trabajo de Valencia, oficiales de la OFAC y abogados ofrecían ofertas para que, a cambio de dinero, pudieran interceder en procesos.

La Fiscalía interceptó los celulares de la funcionaria Mónica Valencia y ahí encontraron supuestas conversaciones con el abogado Luis Valero quien tenía en sus manos un proceso de extinción de dominio en contra de Javier García, alias Maracuyá. Un expediente en manos de la fiscal Valencia.

Las conversaciones probarían una relación irregular entre Valencia, Valero y los agentes estadounidenses William Neff, Tarek Rashidi y Marc Samara.

Según este diario, los indicios de la Fiscalía apuntan a que “a través del abogado Luis Valero, los exdirectivos de la OFAC concretaban el perfil adecuado de narcos para entrar a los listados de su oficina, más conocidos como los señalados de la Lista Clinton. Así no tuvieran suficiente sustento probatorio para agregar a una persona, en la elección intervenía Valero que contactaba a las personas y ofrecía sus servicios, básicamente sacarla “rápido” de la lista. Al tiempo que les hacía esa promesa, les ofrecía una ayuda similar para enfrentar los procesos de extinción de dominio que, en varios casos, comenzaban al tiempo con el anuncio del ingreso a la temida lista de la OFAC”.

"Al parecer, la tarifa que por varios años manejó Extinción de Dominio era cobrar el 10 % del valor de los bienes afectados, explicó una fuente, quien agregó que el valor variaba según el perfil de las personas contactadas. El dinero, señaló un funcionario de la Fiscalía, se repartía entre los agentes de turno en la OFAC y las fiscales que se encargaban de cometer errores técnicos en la incautación de bienes, para que después los abogados pudieran alegar la ilicitud de los procesos y retomar la posesión de los bienes”, señala el diario.

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