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Procuraduría formuló pliego de cargos a Ricardo Arias, expresidente del FNA

Calificó la presunta falta del disciplinado de manera provisional como gravísima a título de dolo.

La Procuraduría formuló pliego de cargos al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Ricardo Arias Mora. Foto: Colprensa

La Procuraduría formuló pliego de cargos al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Ricardo Arias Mora. Foto: Colprensa(Thot)

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Ricardo Arias Mora.

Arias es señalado por un presunto detrimento público, mayor a $28.000 millones de pesos, generado por la compra del edificio para la sede principal del FNA por un valor superior al comercial, según la denuncia revelada por La W.

El órgano de control reprochó al exfuncionario por haber suscrito la promesa de compraventa No. 149 de mayo 8 de 2012, el otrosí No. 1/1 de julio 14 de 2012 y la escritura pública 02427 de diciembre 26 de 2012, para adquirir el inmueble ubicado en la carrera 65 No. 11-83 de Bogotá, por un valor de $79.000 millones de pesos, sin presuntamente contar con los dos precios de referenciales de mercado exigidos por el manual interno de contratación de la entidad, generando un posible detrimento público al ser el valor de compra superior al valor comercial.

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Dentro de las pruebas del proceso se encuentra el avalúo retrospectivo realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que estableció el valor del inmueble en $34.775.913.550.

Para el Ministerio Público, en este caso el Manual de Contratación del FNA obligaba al investigado a la obtención de por lo menos dos precios de referencia de mercado, que permitieran la realización de un análisis económico que soportara el valor estimado del contrato y del presupuesto requerido para la contratación.

La Procuraduría calificó la presunta falta del disciplinado de manera provisional como gravísima a título de dolo, por presuntamente afectar tanto el principio de moralidad que debe guiar el ejercicio de la función pública y administrativa, como el de eficacia.

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