Es injustificable aumento de nómina en entidades de control: concejal Torres

El concejal Jorge Torres de la Alianza Verde cuestionó el proyecto presentado por la Contraloría de Bogotá, con el que busca un refuerzo presupuestal que asciende a $9 mil millones de pesos para aumentar la planta de personal y a su vez otros $8 mil millones que llegarían a la entidad dentro del Presupuesto 2017 con el fin de descongestionar procesos fiscales represados.

“La Contraloría Distrital está en deuda con la ciudad. Este órgano no se ha destacado por hacer un control eficiente de los recursos públicos a pesar de que la ciudad ha tenido que atravesar lamentables hechos de corrupción como el Carrusel de la Contratación. En este grave tema la Contraloría se quedó en anuncios y no ha recuperado ni un peso de la plata que se robaron tanto contratistas como funcionarios públicos e incluso concejales que están pagando algunas condenas pero sin verse dinero recuperado”, afirmó el concejal Torres.

El cabildante recordó que en el año 2012 el Concejo autorizó un aumento de la planta de la Contraloría mediante una reestructuración pero “esto solo trajo consigo un incremento burocrático que no sirvió para que procesos de responsabilidad fiscal tuvieran resultados”.

Son 69 nuevos cargos que se crearían de ser aprobada esta iniciativa, los cuales se sumarían a los 103 dispuestos en la reforma de 2012.

“Son cerca de 200 cargos en menos de cuatro años que supuestamente se crean para ajustar al ente de control con las nuevas entidades que se han formado en la ciudad como la Secretaría de Seguridad y Secretaría Jurídica. Son nuevos cargos para reparticiones burocráticas y no se piensa que el verdadero propósito de este órgano de control es buscar que los recursos públicos sean sagrados”.

Entre 2012 y 2016 a la Contraloría se le otorgaron más de $496 mil millones de pesos, sin embargo, de acuerdo con el informe de gestión del sistema integrado, a corte de junio de 2016, la entidad solo tiene en trámite por fallos de responsabilidad fiscal $746 millones de pesos por cobros coactivos y por cobros persuasivos $2.978 millones, lo cual evidencia la ineficiencia de este órgano de control para recuperar los recursos que se pierden por corrupción o ineficiencia administrativa.