Exclusivo W: Entre 2 y 5 millones de pesos cobran por usar el espacio público en Bogotá

En un lucrativo negocio se convirtió el “arriendo” ilegal del espacio público en Bogotá. Así lo revela un seguimiento de las autoridades obtenido por La W, según el cual, las personas que trabajan como vendedores ambulantes se ven obligadas a pagar un “peaje” para poder ocupar un lugar en los andenes y plazas de la ciudad.

Se estima que unas 15 organizaciones ilegales han venido ejerciendo esta actividad contra los informales en sectores y localidades como la calle 72, la Carrera Séptima, Chapinero, el 20 de Julio, Corabastos, San Victorino, Fontibón, Usaquén, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Soacha, 7 de Agosto, Santa Fe, Puente Aranda, Candelaría, Sanandresito y Ciudad Bolívar, donde se han identificados unos 49.000 vendedores ambulantes.

Aunque no hay cifras concretas, las investigaciones han permitido establecer que las mafias que ejercen dicho control, a punta de amenazas e intimidaciones, llegan a recaudar en un mes varios miles de millones de pesos. Los delincuentes, además de extorsionar, arrendar y cobran alquileres por el uso del espacio público, también aprovechan el desorden y la distracción que genera esta actividad para promover otros delitos como el tráfico de personas, la explotación sexual de menores, el tráfico de estupefacientes y el hurto.

Las investigaciones de las autoridades indican a su vez que del ‘peaje’ no se salvan ni los limosneros: “Por ejemplo, un mendigo se ve obligado a pagar en el 20 de Julio 50.000 pesos para poder ‘operar’ en la zona los domingos. La tarifa aumenta si está acompañado de menores de edad o si es un discapacitado, porque se supone que obtendrá más plata de caridad”, dijo uno de los investigadores.

Sin embargo, en algunos casos llegan a cobrar entre 2 y 4 millones de pesos mensuales, especialmente en temporadas como Navidad y en eventos especiales donde la concurrencia de público está asegurada. En diciembre pasado las labores de inteligencia permitieron detectar que las organizaciones ilegales estaban ‘vendiendo’ cupos en el Parque Nacional para ventas de toda clase de comidas y atracciones mecánicas.

“El derecho a colocar un puesto frente a una universidad o a la salida de una concurrida estación de Transmilenio puede costar cada mes 2 millones de pesos. Un espacio en la plazoleta de la Mariposa, en el sector de San Victorino, en plena temporada decembrina, vale hasta 5 millones. El cobro depende de la mercancía que se venda y de la época del año”, advierten los investigadores.

También ha causado sorpresa el hecho de que al frente de algunas de estas organizaciones delincuenciales se han podido identificar a algunas personas que ejercen liderazgos dentro del sector de los vendedores ambulantes, aunque no ejercen dicha función, al mismo tiempo que participan activamente en política en sus respectivas zonas de control.

No descarta que estas personas también estén detrás de las protestas y manifestaciones de vendedores ambulantes que se han generado recientemente en Bogotá. De hecho, una de ellas, que ya está plenamente identificada, lideró recientemente una manifestación de vendedores a raíz de la intervención que la Alcaldía de Bogotá realizó en la calle 72. Un investigador explicó que cada sector tiene un “zar” que se encarga de realizar los cobros y de hacer respetar los límites y los territorios.