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La trabajadora social que cobró pensión de un muerto durante 33 años

La mujer, quien hoy tiene 83 años, dijo estar arrepentida y prometió devolver el dinero. Así descubrieron el engaño.

La trabajadora social que cobró pensión de un muerto durante 33 años. Foto: Getty Images

Juana Igeña, trabajadora social del hospital psiquiátrico Alonso Vega, en Madrid, cobró durante tres décadas la pensión de jubilación de un supuesto paciente.

El hombre en cuestión se llamaba Jaime Pons y falleció en 1980. No dejó descendencia, falleció solo y nadie en su círculo social –si es que lo tuvo- se enteró. Sin embargo, Juana Igeña lo supo, quizá fue la única, y desde ese día diseñó un plan para cobrar la pensión por incapacidad absoluta que Pons venía recibiendo.

Durante 33 años, Igeña cobró el dinero sin que nadie se diera cuenta, aprovechando su posición como trabajadora del centro psiquiátrico y apropiándose de los documentos del paciente.

Aunque la grieta que la trabajadora social, quien actualmente tiene 83 años, encontró en el sistema le sirvió para embolsarse una gran cantidad de dinero, su plan no fue perfecto.

En 2007, cuando la mujer se acercó a la sucursal del banco donde cobraba la pensión, el director del sitio le pidió comprobar el DNI del supuesto hombre enfermo, pues el documento había caducado. Igeña respondió que Pons, al estar tan mal de salud, no podía moverse. Ese fue el momento en que su plan comenzó a tambalear.

El director de la sucursal le sugirió acudir a un notario para solucionar el tema del documento.

Igeña acudió en marzo de 1981 a una sucursal de Caja Madrid para abrir una cuenta a nombre de Jaime Pons, quien había fallecido un año antes.

Durante los primeros 23 meses, la mujer recibió 104 euros mensuales, cifra que desde 2013 subió a 700.

Los funcionarios de la sucursal comenzaron a sospechar, pues durante tres décadas, la mujer era quien cobraba el dinero y nunca habían visto a Jaime Pons, cuyos documentos ya evidenciaban que tendría 100 años de edad.

Entonces el banco pidió a la mujer en enero de 2013 un certificado de vida del cliente. Igeña, con el DNI original, y una autorización a su favor que había falsificado, obtuvo una en el Registro Civil de Madrid.

Desde entonces, la mujer realizaba este trámite cada 25 meses. Lo hizo hasta en 50 ocasiones sin que nadie sospechara.

Sin embargo, aún existían dudas, por lo que un funcionario de la sucursal cruzó datos y encontró el certificado de defunción de Pons.

Tras ser descubierta, la mujer entró en un proceso judicial por delitos de estafa y falsedad de documento oficial. La Fiscalía pide 6 años de cárcel y devolver al sistema los casi 200.000 euros que obtuvo con la treta.

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