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Ecopetrol se opuso a la medida cautelar solicitada contra la enajenación de ISA

Dilo Colombia, que presentó la acción popular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, insiste en que hay empresas que pueden mejorar la oferta que hizo Ecopetrol por ISA.

Ecopetrol se pronunció e informó que presentó el escrito de oposición a la solicitud de medida cautelar. Foto: Getty Images

El pasado 21 de junio, Dilo Colombia, fundación constituida para la defensa de la información, presentó una acción popular al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la que pidió que se tomaran medidas cautelares para conocer de manera detallada toda la información sobre la venta a Ecopetrol de la participación del Gobierno en ISA (51,4%).

Frente a dicha petición, Ecopetrol se pronunció e informó que presentó el escrito de oposición a la solicitud de medida cautelar presentada dentro de una acción popular a la que fue vinculada como demandada.

La estatal explicó que se opone a la medida cautelar solicitada, ya que considera que no tiene asidero legal. A su vez, en su escrito puso de presente los argumentos técnicos, financieros y jurídicos que demuestran que la Fundación Dilo Colombia no cumplió con los requisitos que la ley exige para que dichas medidas sean decretadas.

Además, explicó que la operación proyectada está permitida por la legislación colombiana, maximiza beneficios para la Nación y para Ecopetrol, y no amenaza y no vulnera ninguno de los derechos colectivos invocados por la accionante.

Ante el escenario, Dilo Colombia volvió a pronunciarse y reiteró su punto de vista en el que asegura que es necesario adoptar las medidas cautelares solicitadas frente al proceso de venta de ISA a Ecopetrol. Así, aseguró que entregó documentos al tribunal donde se prueba que otras empresas pueden mejorar la oferta que la petrolera ya hizo y que, en otros procesos de enajenación, el precio de venta es sustancialmente superior al inicialmente fijado cuando se oyen varias ofertas.

En su pronunciamiento, la fundación añadió que “el 29 de mayo de 2019, el Ministerio de Hacienda celebró contrato con el objeto de que la enajenación accionaria de ISA garantizara la moralidad administrativa, el patrimonio público y la libre competencia económica. Hoy consideran que no es necesario garantizar la libre competencia, ni oír otras ofertas del sector público estatal”.

De esta manera y ante el debate abierto, la decisión final la tendrá el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

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