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La OEA exige a Ortega que reforme el sistema electoral antes de mayo de 2021

La resolución se aprobó con el voto a favor de 20 de los 34 miembros activos de la OEA, mientras que 12 se abstuvieron y dos votaron en contra

La OEA aprobó una resolución que exige al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reformar el sistema electoral antes de convocar las elecciones generales previstas para noviembre de 2021. Foto: Getty Images

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este miércoles una resolución que exige al presidente nicaragüense, Daniel Ortega, reformar el sistema electoral antes de convocar las elecciones generales previstas para noviembre de 2021 o, como tarde, en mayo de ese año.

La resolución se aprobó con el voto a favor de 20 de los 34 miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa en este desde 1962); mientras que 12 se abstuvieron y dos votaron en contra: la propia Nicaragua y San Vicente y las Granadinas, aliado regional de Nicaragua, Cuba y Venezuela.

La iniciativa insta a "que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral (CSE), antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021".

La resolución pone especial énfasis en la necesidad de modernizar el Consejo Supremo Electoral, controlado por el oficialismo, y también pide al Gobierno nicaragüense que acepte el despliegue "amplio y efectivo" de misiones de observación electoral integradas por observadores internacionales independientes

Asimismo, la OEA consideró "esencial" que el proceso electoral "conduzca al ejercicio efectivo de los derechos civiles y políticos, incluidos los derechos de reunión pacífica y la libertad de expresión, y al registro abierto de nuevos partidos políticos".

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También pide a Ortega que permita la actualización de los registros de votación y una auditoría independiente de las listas de votantes, así como la distribución de tarjetas de identificación.

Por último, se pide un recuento de los resultados que sea transparente y cuyos resultados sean retransmitidos en tiempo real.

Washington ha emprendido una fuerte campaña para que el texto se apruebe y, de hecho, hoy el embajador estadounidense ante el organismo, Carlos Trujillo, consideró que la resolución "reconoce la amenaza que existe para los derechos humanos" en el país centroamericano.

Específicamente, agradeció a los miembros de la oposición nicaragüense la información que han otorgado a Estados Unidos y otras misiones para preparar el texto.

"NICARAGUA NO ES COLONIA DE NADIE"

Frente a ello, el embajador de Nicaragua ante el organismo, Luís Alvarado, rechazó la resolución al considerarla un instrumento "injerencista" en la política interna de su país.

"Nicaragua no es colonia de nadie y, por lo tanto, no acepta imposiciones de gobiernos imperialistas ni de organismos subordinados a ellos sobre sus asuntos internos, que son de exclusiva competencia de los ciudadanos nicaragüenses", manifestó Alvarado.

Nicaragua no reconoce las acciones que la OEA ha tomado en los últimos años sobre el país y Alvarado hoy reiteró que la resolución aprobada "no tiene ningún efecto vinculante" para su Gobierno.

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La iniciativa, titulada "Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas", fue impulsada por  seis países: Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Estados Unidos y Venezuela, que en la OEA está representada por un enviado del líder opositor Juan Guaidó, ya que el Gobierno de Nicolás Maduro abandonó el organismo por iniciativa propia en abril de 2019.

Bolivia, que en la OEA está representada por un diplomático designado por el Gobierno de Jeanine Áñez, pidió sumarse a la iniciativa como patrocinador y destacó la importancia de que se garanticen comicios "libres y transparentes" en cualquier país del continente.

Las elecciones de Nicaragua en noviembre de 2021 serán las primeras que celebra el país después de la ola de manifestaciones de 2018, que comenzaron por unas reformas en el seguro social y desembocaron en protestas contra el Gobierno con cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de nicaragüenses en el exilio. 

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