Judicial

Acusado Eduardo Enrique Dávila por crimen de juez especializado de Santa Marta

Habría pedido a un grupo paramilitar asesinar al funcionario judicial porque, en la década de los noventa, lo condenó a 10 años de cárcel y ordenó aplicar extinción de dominio.

Habría pedido a un grupo paramilitar asesinar al funcionario judicial porque, en la década de los noventa, lo condenó a 10 años de cárcel y ordenó aplicar extinción de dominio.. Foto: Getty Images

Habría pedido a un grupo paramilitar asesinar al funcionario judicial porque, en la década de los noventa, lo condenó a 10 años de cárcel y ordenó aplicar extinción de dominio.. Foto: Getty Images(Thot)

Luego de valorar el abundante material de prueba y los testimonios obtenidos, un fiscal de La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos estableció queBEduardo Enrique Dávila Armenta sería el determinador del crimen del juez penal especializado de Santa Marta (Magdalena), Javier Alfredo Cotes Laurens, ocurrido en diciembre de 2001.

Las investigaciones dan cuenta de que, a cambio de favores y supuestos servicios de seguridad, el hoy procesado habría financiado una red sicarial conocida como ‘Los Chamizos’, que estaba al servicio del entonces jefe paramilitar de la Sierra Nevada de Santa Marta, Hernán Giraldo Serna, y un clan familiar conocido como ‘Los Rojas’.

Al parecer, Dávila Armenta pidió a esta organización criminal asesinar al funcionario judicial que, en la década de los noventa, lo condenó a 10 años de prisión por tráfico de estupefacientes y pidió aplicar extinción de dominio a una de sus propiedades, ubicada en Bahía Concha.

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Está acreditado que integrantes de ‘Los Chamizos’ participaron en el crimen. Uno de ellos Llegó hasta la casa del juez especializado, en el barrio Santa Elena de Santa Marta, y le disparó en varias ocasiones hasta causarle la muerte.

En ese sentido, la Fiscalía mantuvo la medida de aseguramiento privativa de la libertad contra Eduardo Enrique Dávila Armenta y lo acusó por el delito de homicidio agravado. Este proceso se sigue en el marco de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal).

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