Carlos Palacino, inhabilitado por 18 años para contratar con el Estado
El Ministerio Público halló al representante legal de Saludcoop, responsable de los delitos de estafa e incremento injustificado de patrimonio.
(Thot)
Tal como lo anuncio La W, el procurador delegado, Fernando Brito Ruiz anunció la sanción al representante legal de la EPS, Carlos Palacino, con 51 millones de pesos y 18 años de inhabilidad para contratar con el Estado.
El Ministerio Público halló a Palacino responsable de los delitos de estafa e incremento injustificado de patrimonio. Las pruebas recolectadas por la Oficina de Investigaciones Especiales demostrarían las irregularidades al recobro del Fosyga por parte de Saludcoop.
Según el procurador dichas irregularidades se establecen en el cobro de 7 mil facturas, cuyo monto ascendía a 4 mil millones de pesos.
Igualmente, sancionó a 11 miembros de la junta directiva de Saludcoop con una inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado, al igual que les impuso una multa superior a los 25 millones de pesos.
En la misma decisión, la Procuraduría General de la Nación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría y a otras entidades del Estado, para que se investigue la conducta de las personas sancionadas por el Ministerio Publico.
El Ministerio Público halló a Palacino responsable de los delitos de estafa e incremento injustificado de patrimonio. Las pruebas recolectadas por la Oficina de Investigaciones Especiales demostrarían las irregularidades al recobro del Fosyga por parte de Saludcoop.
Según el procurador dichas irregularidades se establecen en el cobro de 7 mil facturas, cuyo monto ascendía a 4 mil millones de pesos.
Igualmente, sancionó a 11 miembros de la junta directiva de Saludcoop con una inhabilidad de 10 años para ocupar cargos públicos y contratar con el Estado, al igual que les impuso una multa superior a los 25 millones de pesos.
En la misma decisión, la Procuraduría General de la Nación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación, a la Contraloría y a otras entidades del Estado, para que se investigue la conducta de las personas sancionadas por el Ministerio Publico.
