Judicial

Fiscalía investiga red de extracción ilegal de petróleo

Lo que ha representado pérdidas de 95.000 millones (hurtados) y 100.000 millones de pesos para reparar daños causados a la infraestructura petrolera

El ACPM ingresado al país ilegalmente era enviado a las empresas Reciambiente del Caribe, Districombustibles y Exportécnicas, que lo comercializaban. Foto: Getty Images

El ACPM ingresado al país ilegalmente era enviado a las empresas Reciambiente del Caribe, Districombustibles y Exportécnicas, que lo comercializaban. Foto: Getty Images(Thot)

La Fiscalía General de la Nación se encuentra investigando una poderosa red tras la extracción ilegal de petróleo y gasolina que han representado pérdidas de 95.000 millones (hurtados) y 100.000 millones de pesos para reparar daños causados a la infraestructura petrolera

El Tiempo reveló este fin de semana que existen empresas encargadas de procesar el producto robado a Ecopetrol en Cundinamarca, Tolima, Magdalena Medio y la costa Atlántica, el cual luego terminaba siendo vendido en estaciones de servicio de todo el país.

Entre las personas investigadas tras estos hechos se encuentran Luis Carlos Gandur, representante legal de Exportécnicas, quién se encuentra prófugo de la justicia; Luis Fernando Martínez Vargas, representante legal de la refinería Districombustibles, ubicada en Honda, Tolima; Helena Garay Arrieta, representante legal de la empresa Colombian Bunker Oil S. A. S., y Ana Giraldo Guerrero, representante legal de Australian Bunker Suppliers C. I. S. A. S., con sedes en Buenaventura y Cartagena.

Otro de los investigados, según reveló El Tiempo, era  Jaime Fernández Uribe, pensionado de Ecopetrol, quien supuestamente se encargaba de importar, de manera ilegal, ACPM desde Venezuela, el cual ingresaba al país como contrabando.
Desde Barranquilla, Riohacha y Maicao pasaban a diario entre 7 y 9 vehículos tipo cisterna con capacidad de 12.000 galones cada uno, provenientes de Maracaibo, Cabimas y La Raya, en el país vecino.

El ACPM ingresado al país ilegalmente era enviado a las empresas Reciambiente del Caribe, Districombustibles y Exportécnicas, que lo comercializaban.

En la investigación de la fiscalía también hay indicios de la participación de personal de la Dian y de la Policía.

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