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La JEP procede a enriquecer la verdad para reparar a víctimas: Eduardo Cifuentes

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, explicó en Sigue La W los procesos por ejecuciones extrajudiciales y los macrocasos de las ex-Farc

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, explicó en La W los procesos por ejecuciones extrajudiciales y los macrocasos de las ex-Farc. Foto: Colprensa - Camila Díaz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) tomó la decisión de imputar cargos a otros 15 militares dentro de los procesos que se adelantan por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como ‘falsos positivos’, en los departamentos de Cesar y el sur de La Guajira, jurisdicción del Batallón La Popa.

En total ya son 26 los uniformados imputados dentro del caso 03, en el cual se investiga el homicidio de 6.402 personas que fueron presentadas como guerrilleros muertos en combate.

Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, manifestó en Sigue La W que “la JEP, a través de la Sala de Reconocimiento, imputó crímenes de guerra y lesa humanidad a 15 miembros del Ejército que perteneciente al batallón de la Popa, entre el 9 de enero de 2002 y 9 de julio de 2005. Esto dentro de un subcaso que se ha denominado Costa caribe, una de las seis zonas priorizadas en el caso de los falsos positivos”.

“Los insumos básicos de la jurisdicción provienen de la justicia ordinaria, de las observaciones de las actuaciones de las víctimas. En el caso del comandante de esta unidad, hay que tomar en consideración que desde el año 2019, ya se había condenado”, indicó.

Dijo que “en el caso de las Farc, se imputó a la excúpula de las Farc por el caso de secuestro, también se determinaron crímenes de guerra y lesa humanidad. Se va a adelantar en los próximos meses una audiencia de reconocimiento, al analizar y examinar las explicaciones y respuestas recibidas por parte de los imputados”.  

Señaló que “se están recolectando los elementos probatorios para determinar las responsabilidades de los comandantes de bloques. Se siguen varias líneas de investigación”.  

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Expresó que “se trata de cumplir con la competencia asignada por la constitución para mirar los delitos más graves en el marco del conflicto. La verdad es necesaria para el país y las víctimas”.

Explicó que “por eso la jurisdicción con toda seriedad y sobre la base de lo que ha avanzado la justicia ordinaria, procede a enriquecer esa verdad porque solamente así se pondrán sanciones y reparará a las víctimas”.   

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