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Caso de corrupción en Contraloría de Antioquia salpica a Luis Pérez

La fiscalía advirtió que desde el ente de control se pedían hasta 100 millones de pesos por alterar auditorías.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez. Foto: Colprensa

En la audiencia para definir medida de aseguramiento la Fiscalía General de la Nación presentó más pruebas del entramado de corrupción que supuestamente lideraba la Contraloría de Antioquia.

El ente de investigación explicó que las investigaciones arrancaron en 2017 por denuncias anónimas que alertaron que en la contraloría de Antioquia se cobraba por alterar auditorías.

En 2018, al despacho del Fiscal, cuando estaba Néstor Humberto Martínez, llegó el alcalde de Vigia del Fuerte para denunciar que desde la Contraloría le habían pedido 30 millones de pesos para no perjudicarlo con las auditorías, solicitud a la que se negó.

Las interceptaciones y testimonio de un testigo  protegido salpicarían al gobernador de Antioquia, Luis Pérez, al exrepresentante a la Cámara por el partido Conservador, Luis Horacio Gallón y al Diputado Jaime Cano, entre otros.

En declaración juramentada, el testigo de la fiscalía le manifestó que la Contraloría en cabeza del señor Sergio Zuluaga y el subcontralor Rubén Naranjo, se convirtió en " la sede de un partido político" en la que alcaldes y funcionarios públicos entraban y salían del edificio del ente de control.

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Esa misma fuente le recalcó al ente investigador que el contralor Sergio Zuluaga, el gobernador Luis Pérez y el ex congresista Luis Horacio Gallón habrían acordado que se nombrara como gerente del Instituto para el Desarrollo de Antioquia a la esposa de este último Liz Margareth Álvarez, actual cabeza de esa entidad, el fin era que el exrepresentante no perdiera vigencia política.

La implicación del diputado Jaime Cano, del partido Conservador, tendría relación con la negociación de auditorías para la URI de Segovia.

Al exponer esto la fiscal del caso insistió en "que es un riesgo para la seguridad y para la comunidad la falta de ética con han obrado" por lo que según el ente investigador se hace necesario que Sergio Zuluaga vaya a la cárcel mientras se adelanta este proceso judicial.

Además hay preocupación por el posible ocultamiento de información en varios municipios  y casos como el de Hidroituango.

La fiscal detalló que por instrucciones del subcontralor Rubén Darío Naranjo, en el ente de control se modificaron auditorías que llevaron a un detrimento patrimonial de 2 mil millones de pesos en el suroeste antioqueño.

Tal y como lo reveló la W Radio, la fiscalía confirmó que el contralor de Antioquia, Sergio Zuluaga, no reside en Medellín desde agosto de 2018 cuando fue inhabilitado por la procuraduría General de la Nación por falsificar su título como doctor en Derecho de una universidad de España, incluso cuando retomó labores, despachaba desde la heroica.

De acuerdo con la fuente protegida citada por la Fiscalía, el contralor Zuluaga siguió dando instrucciones desde su casa en Cartagena mientras estuvo suspendido.

El funcionario se comunicaba con los empleados de la contraloría para hablar de temas importantes relacionados con auditorías.

Además, tenía línea directa con Sara Cecilia Escobar, quién sería su mano derecha en la contraloría, la misma mujer que le habría ayudado a modificar en la plataforma Mercurio la fecha de su retiró de otro cargo público y evitar inhabilidades para asumir como contralor regional, según la fiscalía.

La misma fuente aseguró que cuando el contralor sostenía reuniones privadas en su oficina de cualquier índole, quienes entraban a su despacho debían dejar los celulares con su secretaria.

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