Iglesia Católica advierte recrudecimiento de la violencia en Norte de Santander

En el departamento Norte de Santander el accionar de grupos armados ilegales no da tregua en época de confinamiento, en las últimas semanas han aumentado las amenazas a la población civil, las masacres y desplazamientos de campesinos. 

La Iglesia Católica en el oriente colombiano, realizó una radiografía del fenómeno violencia que enfrentan las comunidades y el acompañamiento que se ha brindado en las zonas más apartadas de la región. 

El Obispo de Cúcuta, Monseñor Víctor Manuel Ochoa aseguró en diálogo con W Radio “el nororiente del país vive una situación compleja con la violencia, hemos tenido la masacre de Banco de Arena y Agua Clara, con más de 400 desplazados, hay un enfrentamiento complejo en la zona de Bucarasica- La Victoria entre el Eln, Epl y Los Rastrojos, hay un fenómeno de violencia que ha ido creciendo también en Cúcuta, donde llevamos 198 muertos en el año. Esta es una región compleja donde se unen los grupos armados ELN, Epl, “Los Rastrojos”, entre otros, así como el narcotráfico”. 

“El gran Catatumbo, está dividido en tres diócesis, la Diócesis de Tibú, Ocaña y Cúcuta, en esta región ha crecido la siembra de coca y el narcotráfico, creo que las autoridades han tenido un gran interés por la erradicación manual y en los acuerdos que se realizaron, pero es urgente arrancar ese combustible que tiene el conflicto social en nuestra región”. 

Además, añadió “Los acuerdos de paz, llevaron a una disminución del conflicto y creo que Colombia tiene que hacer un camino hacia una paz completa, era una parte de la resolución del conflicto y debe complementarse con unas políticas sociales y la aplicación de esos acuerdos. Dar un paso más con las guerrillas y los grupos en armas; resolver el conflicto debe pasar por reformas sociales, la iglesia siempre ha defendido la justicia social”. Señaló Monseñor Ochoa

Las familias que habían salido desplazadas por las masacres registradas en las últimas semanas, retornaron a sus hogares; sin embargo, las organizaciones sociales advirtieron que las garantías de seguridad no estaban dadas y solicitaron a las autoridades locales, departamentales y nacionales brindar acompañamiento y seguimiento en la región.