Líderes desmienten a la Fiscalía y al Ejército tras hechos en El Mango, Cauca
Los habitantes de este corregimiento de Argelia aseguran que las autoridades pretendían llevarse a personas inocentes, sin las respectivas órdenes judiciales.
La comunidad se reunió para hablar de los recientes hechos de violencia en ese territorio . Foto: Cortesía(Thot)
Luego de la masacre de cinco personas y la reacción del Ejército y la Fiscalía en el corregimiento de El Mango, municipio de Argelia, Cauca, líderes sociales desmintieron informaciones entregadas por las autoridades.
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El presidente de la Junta de Acción Comunal, Libardo Muñoz, dijo que no es cierto que la comunidad haya realizado una asonada y frustrado la captura de los responsables de los asesinatos, sino que defendieron a “personas inocentes que no tienen nada que ver”.
Asimismo, expresó que para los habitantes de esa población resulta extraño que cuando los funcionarios arribaron a la zona, conocían el apodo del hombre que presuntamente detuvieron y se lo llevaron sin ser esposado.
“Posiblemente era un informante del Ejército, porque tenía buena confianza y hay versiones que dicen que ellos fueron a buscarlo y le dijeron ‘gato vámonos’, y el señor se paró, y ya estaba preparado con un bolso”, aseveró el dirigente.
Por otra parte, subrayó que cuando arribaron al inmueble donde pretendían hacer un allanamiento, solicitó la orden judicial pero no la tenían, por lo que reunieron a la comunidad para impedir lo que consideraron un procedimiento irregular.
“Iban a coger unas personas inocentes, no tienen nada que ver en el caso. Son habitantes del corregimiento, y no podíamos dejarlas capturar. Querían hacer un falso positivo con estas personas”.
La comunidad sostuvo una reunión en la que se manifestó la preocupación por los hechos de violencia que se han recrudecido en esta zona del sur del Cauca.
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Es de recordar que, voceros del Ejército y la Fiscalía denunciaron que la población civil interrumpió el trabajo de los investigadores e incluso, señalaron que dos armas de fuego y 300 millones de pesos incautados, fueron devueltos por presiones de los habitantes.
