Percepción de la Policía en Santa Marta está en niveles bajos, según defensores de DD. HH.

A raíz del homicidio de Javier Ordóñez, asesinado en medio de un procedimiento policial en Bogotá, se ha desencadenado una oleada nacional de denuncias contra la fuerza pública por casos que van desde abuso de autoridad, hasta extorsión y amenazas de muertes.

En Santa Marta el panorama no es diferente, Jennifer del Toro, activista de género y defensora de derechos humanos ha adelantado diferentes protestas por la extralimitación de funciones por parte de uniformados de la Policía Metropolitana. En una encuesta abierta durante 3 meses, los samarios indicaron en un 70% que la labor de la Institución no es eficiente ni pertinente,  mostrando una baja favorabilidad de imagen.

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Los resultados muestran que 673 personas fueron objeto de efectivos policiales, en su mayoría las víctimas son de estratos socioeconómicos 1, 2, 3 con alta tendencia a la ocupación laboral ligada a la informalidad, representada en las ventas ambulantes y el mototaxismo. El 70% de los denunciantes son hombres, en la mayoría entre los 26 y 35 años.

“Hemos recibido denuncias por hurto, lesiones personales y otras formas delictivas, donde los policías tienen claro los tiempos, modos y lugares para realizarlas. Todos los casos están documentados. La mayoría de quejas las hemos recepcionado de la Localidad 2, en barrios como Pescaito, Los Almendros, Mamatoco y Bastidas”, dijo del Toro.

Dentro de las muestras recolectadas también hay una fuerte incidencia de atropellos en contra de universitarios y miembros de la comunidad LGTBI. “Vemos una doctrina orientada hacia la persecución de ciertos perfiles y segmentos de clase”, afirmó la activista.

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Complicidad con la delincuencia al interior de la Policía de Santa Marta

Jennifer del Toro asegura que las 673 denuncias es el resultado de un periodo evolutivo que tuvo su génesis en el asesinato del líder social Alejandro Llinás Suárez, en abril de este año.

Para la defensora de derechos humanos, la Policía de la ciudad puede estar infiltrada por actores al servicio de la ilegalidad, pues, las cartas dirigidas a la fuerza pública en donde Llinás hablaba del peligro que corría y las denuncias de temas coyunturales, fueron conocidas de manera inexplicable por los grupos armados.

“Esto fue lo que determinó su asesinato y nosotros relacionamos esta pérdida con la corrupción de la Policía, que ya tenía una investigación en curso por el robo de más de 200 armas. Avistamos una serie de irregularidades que nos movían a indagar más”, acotó del Toro.

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Asimismo, además del asesinato del militante de Colombia Humana, también existen 2 casos icónicos en el Distrito de presunto abuso policial, ambos terminaron en el asesinato de 2 civiles.

El primero ocurrió en el barrio San Jorge, un uniformado disparó y acabó con la vida de Yeiser Escorcia de 17 años. El segundo homicidio sucedió el pasado mes de agosto, Jonathan López fue asesinado en el sector de la calle 30, al sur de Santa Marta.

Jennifer recalca que los avances que se han dado en materia de esclarecimiento de los hechos que rodearon estas muertes es gracias a la protesta social y a una mesa de trabajo con el ministerio público.

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Aún queda por resolver el crimen de Patricia Dumond, una mujer trans dedicada al trabajo sexual, de quien hay pruebas que patrulleros la amenazaron de muerte por delatar una red de policías que las extorsionaba a ellas y a sus clientes.