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Procuraduría presenta acción de tutela contra la Alcaldía de Cartagena por caso Aquarela

Reclama la protección inmediata del derecho a la vida e integridad personal, y al debido proceso de quienes habitan la ciudad de Cartagena.

La Procuraduría reclama la protección inmediata del derecho a la vida e integridad personal, y al debido proceso de los cartageneros, por la situación originada por el edificio Aquarela. Foto: Cortesía

La W conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación presentó una acción de tutela contra la Alcaldía de Cartagena para que se ordene la demolición del edificio Aquarela y se declare la Calamidad, a fin de que pueda ser incluida en el proceso a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

En la acción, el Ministerio Público reclama la protección inmediata del derecho a la vida e integridad personal, y al debido proceso de quienes habitan la ciudad de Cartagena, por cuenta de la situación provocada por la “omisión transgresora” del caso Aquarela.

Para la Procuraduría, hace más de dos años existe una acción policiva en firme que ordena la recuperación del espacio público que, sin embargo, “de manera arbitraria y caprichosa no se ha ejecutado”. Así, agrega: “Desconocer el valor de las decisiones adoptadas por autoridad competente, perpetúa indefinidamente la afectación a los bienes jurídicos que inicialmente se ordenaron proteger”.

Sobre el derecho a la vida e integridad personal, dice la Procuraduría que, según la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI) se evidencian graves fallas en la edificación “Proyecto Aquarela VIS – Torre I”.

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“Se puede concluir con claridad que la amenaza a la vida e integridad personal de los vecinos de la zona aledaña al proyecto Aquarela VIS, es actual, inminente, certera, ya que, ante un evento sísmico, de la naturaleza, o cualquier accidente como el fuego u otra calamidad, el colapso y desplome de la edificación sería inevitable, ocasionando una gran tragedia, dadas sus deficiencias de diseño, estructurales y de sismo resistencia probadas con el estudio técnico”.

Así, establece que la conducta pasiva de la Administración Distrital de Cartagena, que durante casi dos años ha omitido dar cumplimiento a la orden de demolición del edificio Aquarela, es reprochable, ya que mantener en pie esa edificación insegura y sin que se hayan tomado las medidas pertinentes, se constituye en un peligro inminente.

De otra parte, solicita que la UNGRD sea vinculada a este proceso en dos sentidos: primero, solicitarle que en curso del proceso presente un informe sobre la valoración que tiene del caso Aquarela y el nivel de riesgo que tiene esta construcción en relación con el derecho a la vida y otros derechos de los habitantes de la ciudad de Cartagena D.T. y C. Segundo, se ordene su participación institucional para que las órdenes de demolición se ejecuten y lleven a cabo.  

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