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Reparación integral solicitan familias afectadas por estafa de exdiputada de Antioquia

La estafa a familias de bajos recursos, ocurrida en el año 2006, superaría los 3.000 millones de pesos.

Afectados por estafa. Foto: La Wcon Julio Sánchez Cristo

Por el perjuicio económico y moral que habría generado en cerca de 240 personas de los estratos 1, 2 y 3 que invirtieron más de $3.000 millones de pesos en dos proyectos de viviendas de interés social en Itagüí, que nunca fueron construidos; los afectados están aclamando una reparación integral por parte de quienes los habrían estafado y por parte de la administración municipal.

Luz Martínez Valencia, una de las personas afectadas, reiteró que aspiran obtener “una reparación, porque si no vamos a tener casa ya, por lo menos tener el dinero para invertir en otro proyecto. No es justo, hemos visto crecer nuestros niños con la ilusión de tener una casa y no hemos podido”.

En este proceso judicial por estafa, en el que están involucrados la exdiputada de Antioquia, Ángela María Cano Vargas, su excompañero sentimental Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez y su yerno Carlos Andrés Moreno, el Juzgado Primero Penal del Circuito de Itagüí emitió sentido de fallo condenatorio, por los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada, gestión indebida de recursos sociales y urbanización ilegal, pero la condena no se conocerá sino hasta el próximo 28 de agosto.

Para las víctimas, según explica Martínez Valencia, “hubo negligencia por parte de la administración municipal. Ellos sabían que había anomalías, entonces por qué no nos advirtieron. A la junta le hicieron una auditoria y encontraron que se habían entregado dineros sin ningún sustento, sin ningún soporte. Necesitamos que el municipio se ponga la mano en el corazón y nos ayude, porque nosotros solos no vamos a poder”.

Según la Fiscalía, Gabriel Jaime Velásquez Rodríguez fue el representante legal de la constructora DC Total de Diseño y Construcción, empresa encargada de los estudios de suelos, los diseños arquitectónicos y la ejecución de la urbanización San Miguel y el Proyecto Santa Marta.

Las víctimas tenían que consignar un monto de dinero en una cuenta a nombre del representante legal  para obtener el supuesto cupo de vivienda. Además, debían consignar un millón de pesos para firmar las escrituras de los  inmuebles que nunca existieron.

Para ganar su confianza, los afectados eran citados los fines de semana por los asesores del proyecto para la limpieza y organización de los presuntos  terrenos donde se ejecutarían los proyectos de vivienda, el cual sería entregado en máximo dos años a partir del primer pago.

Finalmente, las víctimas señalaron que “es una burla para las familias que ella esté en la calle como si nada. No queremos que siga en prisión domiciliaria”.