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Primicia: se equivocaron y les salimos a deber. La demanda de Wom contra el Estado colombiano

El nuevo operador de telefonía móvil en Colombia, Wom, demandó al país por el error cometido en la subasta del espectro que se realizó en 2019.

Yellow Dog Productions

En diálogo con Sigue La W, Camilo Gómez, director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, explicó la nueva demanda de Wom al país por el error cometido en la subasta del espectro que se realizó en 2019 y que les generó la imposición de una millonaria multa.

“El caso es particular. Partners, conocido como Wom en Colombia, se presenta a una subasta de tipo pujas”. Estas empiezan con un valor inicial y cada empresa va ofreciendo un valor mayor al anterior. “El bloque por el que estaba pujando Partners hace una oferta de 1.6 billones de pesos. Nadie más pujó ante ese valor. Partners renuncia después a ese bloque y estaba contemplado” dentro de las obligaciones de la subasta “que quien ganara y renunciara después se le aplicaba una póliza de cumplimiento, que es el Estado actuando de buena fe”, que “incurrió en una serie de gastos y tuvo una pérdida de oportunidad”, indicó Gómez.

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Además, dijo que “al día siguiente de la subasta, dicen que se les fue un cero de más. Durante el proceso de adjudicación se habían hecho un montón de explicaciones: dos sesiones con los inversionistas; cuatro sesiones de presentación y socialización del proceso; dos sesiones para el uso del software; cinco videos presentados con las instrucciones para que no hubiera errores y se respondieron 536 comentarios. Estaba explicado. La buena fe del Estado está en todos lados. Ante esa oferta, no se podía decir que era un error. ¿Qué tal que no hubiera sido un error, sino que esa era la intención para de una vez quedarse con el bloque? El Estado actuó bien y le cobró la multa”.

Por otro lado, el director aseguró que “los inversionistas internacionales tienen derechos y obligaciones. El hecho de que fuera por bloques no cambia las circunstancias”, por lo que “el Estado no solo actuó de buena fe, sino correctamente. Es importante que un inversionista entre al mercado de forma transparente”.

“Las pretensiones de los $42,000 millones lo que buscan es devolver ese valor actualizado y anular la resolución que impone la obligación de pagar la póliza y, por lo tanto, que se le restituya el dinero correspondiente”, explicó.

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