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Caso de líder social desplazado por las AUC en el Cesar llegó a la CIDH

El órgano internacional evaluará si fueron afectados sus derechos políticos, sociales y su integridad.

CIDH pidió sancionar a responsable de la masacre de El Tarra, Norte de Santander. Foto: Colprensa

Caso de líder social desplazado por las AUC en el Cesar llegó a la CIDH. Foto: Colprensa(Thot)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el Estado colombiano por su presunta vulneración a los derechos del líder social Armando Amaris Pimienta en el Cesar, quien fue víctima de desplazamiento forzado en 2003 luego de denunciar un supuesto fraude contra su candidatura a las elecciones para la Alcaldía del municipio de La Gloria.

En su petición, el político señaló que después de adelantar las alegaciones fue amenazado de muerte por las Autodefensas, lo cual lo llevó a abandonar la población junto a su familia y vivir en distintas ciudades. Incluso, aunque buscó regresar a La Gloria señaló que nunca desde el DAS o la Fuerza Pública se le brindaron las garantías para volver.

Lo anterior, según su denuncia, le impidió desarrollar un nuevo intento para llegar a la Alcaldía en 2007, afectando sus derechos políticos. Además, actualmente los responsables de esas intimidaciones y crímenes no han sido condenados, según el informe de admisibilidad.

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Por todo ello, la Comisión consideró necesario abrir el expediente y vincular al Estado colombiano para que responda por la supuesta vulneración de los derechos a la justicia, la reparación y los derechos políticos de la víctima.

“...el peticionario presenta constancia de un número significativo de reclamos en relación con el vínculo que tendrían las AUC con las amenazas mencionadas; a pesar de ello, el Estado no habría iniciado una investigación contra miembros de dicho grupo paramilitar”, se lee en la determinación.

Incluso, en el informe se evidenció que el líder Amaris manifestó que tanto él como su familia tuvieron problemas para recibir ayuda humanitaria e incluso ser reconocidos por la Unidad de Víctimas como afectados por desplazamiento forzado.

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