Judicial

Denuncian ante JEP más de 30 casos de familias desplazadas que se fueron a Venezuela debido al conflicto

El informe recoge las afectaciones que sufrieron las víctimas al tener que rehacer su vida en el país vecino ante la falta de garantías para continuar en Colombia.

Denuncian ante JEP más de 30 casos de familias desplazadas que se fueron a Venezuela debido al conflicto. Foto: Cortesía: Instituto Capaz

Denuncian ante JEP más de 30 casos de familias desplazadas que se fueron a Venezuela debido al conflicto. Foto: Cortesía: Instituto Capaz

El Instituto Colombo-alemán para la paz (CAPAZ), el Foro Internacional de Víctimas y el Colectivo Orlando Fals Borda presentaron ante la Sala de Reconocimiento de la JEP el informe “El desplazamiento más allá de la frontera”, que presentó los testimonios de 38 familias que fueron desplazadas hacia Venezuela por cuenta del conflicto.

De acuerdo con las organizaciones, el 70% de las víctimas que entregaron sus relatos a la jurisdicción abandonaron forzosamente su territorio entre 1999 y 2006, años en los que el conflicto se agudizó en las zonas de frontera con Venezuela.

Las amenazas de muerte, el despojo de tierras y la intensificación del conflicto armado fueron las principales razones para abandonar el país”, manifestaron las organizaciones.

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Según el estudio, el perfil de las víctimas responde a familias campesinas de escasos recursos sin acceso a educación, salud y que además no fueron protegidas por el estado. También se señala que los mayores perpetradores de ese flagelo criminal fueron los grupos paramilitares con un 48% de la responsabilidad, seguidos por el ELN con un 20% de los casos.

“El fenómeno del desplazamiento transfronterizo hacia Venezuela merece ser investigado por la JEP, de modo que los responsables de esta tragedia humana puedan ser debidamente juzgados y sancionados”, sentenciaron.

Adicionalmente entre sus solicitudes a la jurisdicción pidieron que se dé inicio a un macrocaso que investigue y sancione esas conductas. También pidieron que se formule y ejecute una política pública “coherente y diferencial” para atender a la población vulnerable objeto del informe.

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