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CIDH pidió al Estado acciones para garantizar seguridad tras afectaciones por paro armado y aumento de violencia

El órgano internacional además señaló inquietud por las acciones violentas que han perpetrado grupos criminales durante la campaña electoral.

Imagen de referencia de grupo armado. Foto: Getty Images / Chris Hondros

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al estado colombiano adoptar acciones para garantizar la “seguridad ciudadana” tras las dificultades en la vida normal que padecieron los pobladores de 178 municipios de varios departamentos en el marco del paro armado que decretó el Clan del Golfo.

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Además, de acuerdo con alertas de la Defensoría del Pueblo, también mencionaron su preocupación por el aumento de la violencia de distintos grupos armados en varias zonas del país.

“Con el objetivo de garantizar y proteger los derechos a la vida y a la integridad personal, los Estados tienen obligaciones positivas directamente relacionadas con la seguridad ciudadana de todas las personas bajo su jurisdicción. El Estado de Colombia debe implementar acciones de prevención y medidas operativas eficaces” indicó la Comisión.

Asimismo, el órgano internacional indicó alarma por los distintos hechos de violencia que han llevado a cabo las estructuras armadas en el marco de la campaña electoral haciendo un llamado especial al Gobierno para que garantice la seguridad de las campañas y la población en general.

“...es urgente que el Estado investigue de forma seria e imparcial, sancione a los autores materiales e intelectuales, y repare a las víctimas y sus familiares. Adicionalmente, es necesario fortalecer los espacios de diálogo con los distintos actores, tomando en cuenta las diversas realidades territoriales, con miras a aunar esfuerzos al proceso de paz en el país” concluyeron los comisionados.

Desde la CIDH también señalaron inquietud por la reducción presupuestal en el programa de sustitución de cultivos ilícitos y otros puntos de avance del acuerdo de paz, señalando la necesidad de que “el Estado implemente de manera integral el acuerdo a los efectos de fortalecer el proceso de pacificación del país y combatir las causas estructurales de la violencia”.

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