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Alcalde de Fómeque en Cundinamarca fue señalado en la JEP por falsos positivos

El mandatario local y coronel en retiro Jorge Arturo Romero, fue jefe de operaciones del hoy procesado por ejecuciones extrajudiciales, general Henry Torres Escalante.

Alcalde de Fómeque en Cundinamarca fue señalado en la JEP por falsos positivos

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Coronel (r) Jorge Arturo Romero hoy alcalde de Fómeque en Cundinamarca. Foto: Cortesía Alcaldía de Fómeque.

La W tuvo acceso al documento de observaciones presentado por la Procuraduría en relación con el caso que la JEP investiga sobre falsos positivos en Casanare y en el cual se hizo una dura radiografía de cómo ese fenómeno criminal se expandió por varias unidades militares en ese departamento de los llanos orientales.

Allí, en el documento revelado por fuentes de la JEP, por ejemplo se señaló que el exjefe de operaciones de la Brigada 16, coronel (r) Jorge Arturo Romero hoy alcalde de Fómeque en Cundinamarca, fue salpicado por testimonios como el del sargento Faiber Amaya Ruiz, quien indicó que avisó al hoy alcalde cuando era jefe de operaciones de la Brigada 16 en 2006, que habían matado a tres personas pero no tenían armas, y su respuesta fue “organícelos que el helicóptero ya va por ellos”, la sorpresa fue que al llegar a la Brigada ya estaban listos los fusiles y granadas para colocarles.

“Reporto yo entonces los muertos en combate y preocupado por las armas llamo por satelital al tres de la brigada, le dije mi coronel (el hoy alcalde Romero) ellos no tienen armamento la verdad a los tres los asesinamos, pero ninguno de los tres tiene armamento; me dijo: listo organícelos que el helicóptero va para allá por ellos. Cuando yo llegué a la brigada a verificar lo de los cadáveres ya tenían las armas, tenían los fusiles y tenían equipos”, señala el testimonio de Amaya.

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Por otra parte, el teniente (r) Edwin Leonardo Toro también salpicó al alcalde de Fómeque en su época de jefe de operaciones al mando del general Henry Torres Escalante, indicando que le reportó el asesinato de unas personas dándole a conocer que habían sido ultimadas y revelando que no portaban armas, pero no pasó nada.

“Esos resultados operacionales se los reporté al tres, o sea a mi coronel ROMERO ROMERO JORGE ARTURO, que habíamos entrado en combate, obviamente que estaban las prendas militares del señor, tenía una camiseta de los héroes de la Cimacota y ya. Entonces sí me preguntaron, ¿que con que cayó? Y no, no tiene nada, o sea con qué armamento le di de baja, y no, no tiene nada”, relató en su versión voluntaria.

Además, otros testimonios como el del teniente Marco Fabián Céspedes, procesado por esos crímenes, aseguraron que los falsos positivos eran de pleno conocimiento del Estado Mayor de la Brigada, compuesto por el general Torres Escalante, el coronel y actual alcalde de Fómeque así como otros militares, lo cual para la Procuraduría llevó a concluir que los relatos “dan cuenta del conocimiento que tuvo en el momento de los hechos el oficial que cumplió funciones de B3 (Romero)” sentenció el ministerio público.

La W consultó al alcalde Jorge Arturo Romero, quien señaló que esas acusaciones en su contra son falsas y que todo lo relacionado con el proceso ha sido respondido ante la Jurisdicción Especial para la Paz.

Por otra parte, en el documento también se reveló la grave incriminación que posa sobre el comandante mismo de la Brigada 16 en 2006, general Henry Torres Escalante, procesado actualmente por falsos positivos. Allí, en el escrito se reproduce cómo sus propios subalternos a lo largo del proceso lo han acusado de participar en reuniones para planear las operaciones ficticias hasta el ofrecimiento de plata para obtener bajas.

“...fuimos a hacer la operación donde hubieron 3 bajas, regresamos a la Brigada y nunca nos dieron ese dinero que nos había prometido porque ese día fue el coronel Torres Escalante y el Primero Arrieta que era del 2, entonces dijeron esa plata si dan de baja al segundo al mando del Frente 28, ese dinero es para ustedes 60 millones para que se lo repartan entre ustedes, pero nunca tuvimos ninguna recompensa, nunca tuvimos nada, no sé qué pasaría, le preguntamos al comandante, bueno y la plata que nos prometieron, nunca se supo nada de ese dinero”, sostuvo en la JEP

Incluso, en las versiones voluntarias se le ha señalado de recomendar a varios de los reclutadores de las víctimas que iban a ser presentadas como bajas en combate, como el caso de Jaime Jaimes Alonso o de José Ovidio Díaz, quien incluso aseguró que estuvo presente en una reunión con el hoy general Torres y otro informante Wilson Rodríguez Mimisica, estableciendo el perfil de las víctimas.

“Wilson Rodríguez Mimisica, habla de 2 personas que él conoce, que fueron ex miembros de autodefensas, que él las puede prácticamente sacar, él puede colaborar con eso, las puede capturar, bueno ya él habla del trabajo que se va a hacer, después explica mi coronel, mi coronel (Torres) dice claro eso es lo que se necesita, entonces él ya le dice al mayor, él le dice vea este muchacho tiene a dos personas en Villavicencio, entonces él lo saca ya ustedes hacen lo pertinente”, sostuvo en la JEP.

Es más, dentro de los testimonios de subalternos de la Brigada 16, como el mayor Gustavo Soto Bracamonte, se indicó que el general Torres Escalante incluso compartía información directamente con el director seccional del DAS, Orlando Rivas (salpicado por ‘Otoniel’ por paramilitarismo) relacionada con las operaciones cuestionadas.

Además, en su versión voluntaria, el propio Rivas señaló que en una ocasión el hoy general Torres le pidió ayuda para reportar unas bajas en combate.

Rivas Tovar informó que sólo le dijo “necesito que me colabore en esto Orlando me reporta unas bajas en combate” no más, fue de una forma muy transparente, no vengo a señalar a nadie, él me lo dijo de esa forma, hoy se lo estoy diciendo a usted, no más”, señala el documento.

Pero la vinculación del DAS con los falsos positivos, de acuerdo con lo detallado por la Procuraduría a partir de las propias confesiones de los agentes, fue muy profunda, trabajando de la mano con el Gaula Militar y otras unidades, donde incluso de acuerdo con el testimonio del exagente Álvaro Rojas, con miras a establecer los falsos operativos se direccionaban las denuncias de las víctimas de extorsión y otros delitos, para que las falsas operaciones se ajustaran perfectamente.

“Entonces, se le dijo a esta señora en su momento que ella debía decir que él estaba armado, que él tenía una pistola, que era una pistola de cachas negras, color plateado, porque esa era la pistola que el mayor tenía reservada para el caso siguiente”, indicó.

Asimismo, la labor del DAS de acuerdo con lo revelado por los propios funcionarios (como pasó en otras zonas del país) fue muy “útil” en elaborar informes de inteligencia falsos e incluso enseñarles a los soldados cómo cometer bien las ejecuciones extrajudiciales.

“Sí, a veces se les daba una asesoría a los militares, se les asesoraba que les pusieran el arma en la mano, primero que supieran si era diestro, si era zurdo, ese tipo de detalles, así como ese. Se hacía más bien a manera informal, a tipo así de comentarios cuando estábamos así reunidos y ojo vea no hagan esto así o esto les está quedando mal o por decir pueden variar en lo relacionado al Kit, no siempre colocar revólver o colocar pistola”, relató a la JEP el agente Camilo Andrés Escobar.

Ante los hallazgos previamente mencionados, y otros en los que se señaló el presunto conocimiento de esa abominable práctica en batallones como el Ramón Nonato Pérez al mando del coronel Henry Acosta “siendo consciente de los asesinatos” según la Procuraduría, así como a otros excomandantes de Batallón, el ministerio público solicitó que se amplíe el periodo de estudio del caso a años previos al 2004 (ante las versiones sobre la participación de paramilitares activos en la entrega de bajas).

En línea con lo anterior, el ministerio público pidió también que se investigue la “influencia y participación” de las políticas implementadas por el general Justo Eliseo Peña como comandante de la Brigada 16 y la Cuarta División; asimismo solicitaron que se indague el impacto que pudieron generar en la “intensificación” de la práctica las medidas introducidas bajo la “Seguridad Democrática” del gobierno Uribe.

Adicionalmente, y entre las 35 solicitudes realizadas por la Procuraduría, se pidió evaluar las “inconsistencias” del aporte a la verdad del general Henry Torres Escalante y profundizar en la investigación sobre el periodo en el que el general Leonardo Barrero (salpicado también por “Otoniel”) fungió como comandante de la Brigada 16.

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