Baltasar Garzón criticó a juez español por admitir denuncia en contra de Petro

El exmagistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón hizo una fuerte crítica contra el juez Joquín, por haber admitido a trámite una denuncia en contra del candidato por la Presidencia Gustavo Petro, pocas horas después de haberse posicionado como el ganador de la primera vuelta de la jornada electoral del pasado 29 de mayo.

Dicha denuncia, relata el presunto secuestro del reconocido periodista español Fernando González Pacheco, más conocido como ‘Pacheco’, un proceso que se remonta al año 1981, fecha en la que el periodista habría sido secuestrado por la guerrilla del M-19 (guerrilla a la que pertenecía Gustavo Petro), y liberado posteriormente.

En medio de un artículo publicado por El Espectador, diario colombiano, Garzón asegura que “entre la celebración de la primera y la segunda vuelta de las elecciones, alguien desde la Justicia española ha decidido introducir un misil político con hedor a guerra jurídica que claramente perjudica a Gustavo Petro”.

Igualmente, y en modo crítica, cuestiona que no es posible que el juez Joaquín Gadea “haya esgrimido nada menos que el principio de jurisdicción universal para desarrollar una acción difícil de entender desde parámetros legales y jurisprudenciales”.

Asimismo, el exmagistrado dijo que “la resolución de Gadea se basa en una denuncia generalista, llena de contradicciones, que relata unos hechos cuyo origen se instala en fuentes abiertas y sin sustento probatorio alguno”.

Garzón anunció que la admisión de la denuncia tiene una única finalidad “señalar a Gustavo Petro como copartícipe de aquellos hechos arbitrariamente acumulados en su contra”.

Por otra parte, el exmagistrado dice que, aunque no se mencionó qué delitos y en qué grado de participación le atribuirían al candidato Gustavo Petro, se intuye que la imputación sería por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra.

Sin embargo, comenta que “todo jurista sabe que cada una de estas categorías tiene unas particularidades específicas, con importantes consecuencias procesales diferentes en cada caso, por lo que no valen las meras invocaciones vacías, como en este supuesto acontece”.

Por último, añade que “la ley española exige que la persona resida o se encuentre al menos en España, requisito que, evidentemente, no se cumple”.