Judicial

JEP indaga a Cancillería y DIJÍN por deportación de abogado de exFarc en Argentina

En la determinación, conocida por La W, además se solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar las medidas de seguridad del abogado Diego Martínez, quien ha sido víctima de amenazas recientemente.

Diego Martínez. Foto: Colprensa

Diego Martínez. Foto: Colprensa(Thot)

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a la Cancillería, a Migración Colombia y a la DIJIN, remitir un informe en el cual expliquen al tribunal transicional el origen de la “alerta internacional” que generó la retención y deportación del abogado Diego Martínez desde Argentina (Martínez representa a comparecientes ex-Farc, ante la jurisdicción).

De acuerdo con la decisión de la jurisdicción, es necesario establecer cuál fue la razón o de dónde salió la información compartida a las autoridades argentinas. Por lo que en un término de 10 días las entidades previamente mencionadas deberán informar cuál fue la investigación interna que se abrió tras el escándalo y esa información, que afectó los derechos del reconocido abogado.

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Asimismo, tendrán que proteger el derecho al “buen nombre” del asesor Martínez.

“...es necesario obtener la información que permita establecer el origen de la alerta que conllevó la vulneración de sus derechos, y en consecuencia se procederá a solicitar que adelanten las investigaciones necesarias para determinar la procedencia de la lista internacional en la que figuraba el supuesto homónimo del abogado Diego Alejandro Martínez” señaló la magistrada Reinere Jaramillo en la determinación conocida.

Por otra parte, los magistrados tras las denuncias que elevó el abogado Martínez sobre problemas con su esquema de seguridad, así como interceptaciones, seguimientos y amenazas, ordenaron al director de la UNP que en un plazo de 20 días como máximo fortalezca las medidas de protección de Martínez.

“Realice los estudios de riesgo individual y adopte las medidas de reforzamiento de seguridad que correspondan en favor de Diego Alejandro Martínez, abogado de la población de excombatiente, objeto del trámite de estas medidas” manifiesta la determinación.

Precisamente sobre lo anterior, la jurisdicción ordenó a la Unidad que cinco días después del plazo para adoptar las decisiones a las que haya lugar, tendrá que remitir un informe en el que detalle cómo fueron cumplidas las órdenes de protección adicionales sobre el abogado de excombatientes en reincorporación.

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