Musa Besaile continuará preso: Corte Suprema negó libertad provisional

El excongresista Musa Besaile argumentó en su petición ante el alto tribunal para que le revocara la medida de aseguramiento que no existía peligro de fuga porque está buscando colaborar con la justicia.

Además, señaló que por esta misma razón tampoco hay obstrucción con la justicia; por el contrario, dice la petición que ha estado presto a terminar los procesos en forma anticipada.

El otro motivo que puso de presente es el arraigo a la sociedad, ya que dice que el centro de la vida de Besaile es su familia radicada en Montería, que está conformada por su esposa y sus tres hijos de los cuales dos son menores de edad.

En la petición también argumentó que requería la libertad provisional bajo el argumento del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, según el cual el sindicado tiene derecho a la libertad cuando en cualquier estado del proceso “hubiere sufrido en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa”.

Señala la petición que con base a este argumento: “Musa Besaile Fayad fue privado de la libertad el 5 de octubre de 2017, por lo cual es un hecho notorio que el tiempo que lleva físicamente privado de la libertad supera la pena a imponer en caso de ser condenado”. Pero recordemos que Besaile fue asegurado ese año (2017) por el Cartel de la Toga, sin embargo este es otro proceso en el que impusieron la medida de aseguramiento desde el 23 de mayo de 2018 por parapolítica. Y dice la Corte que examinada esta petición la Sala de Casación Penal estableció, que para que proceda la libertad provisional es necesario que el sindicado esté privado físicamente de la libertad en el proceso en el que la solicita.

Y respecto a su familia señaló la Corte que este hecho no garantiza que en el caso de ser condenado, comparecerá para cumplir la pena. “Por el contrario, la experiencia enseña que, aun mediando este tipo de circunstancias, los procesados evaden las decisiones de la administración de justicia”.

Finalmente, el alto tribunal determinó que el delito imputado a Musa Besaile es de los que ofrecen mayor gravedad, a lo cual se añaden las particulares y privilegiadas condiciones que tenía en el departamento de Córdoba y en el país como miembro del Congreso, de quien no solo se esperaba la representación de sus electores sino un comportamiento decoroso, pulcro y honrado, el cual fue descartado con la investigación.

“A lo anterior se suma que con el posible propósito de manipular los testigos el imputado, al parecer, habría pagado $2.000.000.000 procedentes, en buena parte, de comisiones de contratos de la Gobernación de Córdoba (corrupción administrativa), regentada por Alejandro Lyons Muskus, de quien se sabe fue su defensor, pretendiendo con ello una favorable intervención oficial en esta actuación”, recalca la Corte.