Denuncian irregularidades en contrato de $60.000 millones en brazaletes electrónicos

Uno de los sindicatos del (Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario) Inpec denunció y pidió a los organismos de control que se ponga lupa al contrato de los brazaletes electrónicos que actualmente se adelanta en la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), cuyo valor es cercano a los $60.000 millones. Según la denuncia, el proceso estaría viciado y aparentemente se busca que quede en manos del mismo contratista que está actualmente.

En diálogo con Sigue La W, Alejandro Álvarez, presidente del Sindicato de Guardias de La Picota, indicó que “en muchos casos la tecnología de los brazaletes que se ha venido adquiriendo es obsoleta y hace parte del remanente de lo que dejan de usar países como Estados Unidos”.

La urgencia manifiesta es una de las banderas utilizadas en las licitaciones para que no se presente una renovación en la empresa encargada de vigilar el funcionamiento de los brazaletes.

Si bien con la medida se busca encontrar una alternativa que ayude a descongestionar algunos centros penitenciarios, según declaraciones del presidente del Sindicato de Guardias de La Picota, en muchos casos se ha encontrado irregularidades en el uso y la supervisión de los dispositivos.

“Esto es un tema de seguridad nacional, nosotros no estamos en contra de la alternatividad penal, pero esto no funciona, son reiterativas las falencias y los errores que se han cometido. Hubo un momento en que un gato tenía el brazalete, otro donde lo tenía la nevera, el hermano del prisionero, ya es bochornoso lo que sucede”, señaló.

Además, Álvarez indicó que muchos de estos dispositivos son obsoletos y han sido adquiridos como lo último en tecnología, “han sido el remanente de Estados Unidos y de una tecnología que ya va en desuso, este contrato tiene muchas irregularidades y debe revisarse en su totalidad. $60.000 millones es mucho dinero para una cosa que no ha funcionado”.

“Ese dinero ayuda más a una infraestructura carcelaria, aquí se trata de dignificar a los internos y sus condiciones, pero hay que ser precisos con las críticas, los jueces también deben hacer un mejor perfilamiento, hay que replantear la justicia para ver si los brazaletes son el camino a seguir”, explicó.

Sobre el funcionamiento y los requerimientos para cumplir con las obligaciones y el monitoreo a quienes pagan su condena con el beneficio de casa por cárcel, explicó que: “no tenemos ni la capacidad ni los insumos suficientes para estar detrás de cada uno de los 5.000 dispositivos verificando sus fallas. El contrato permite que se pague por el total de los brazaletes funcionen o no”.

“Estamos hablando de un contrato con unas condiciones específicas y lo han venido manejando las mismas dos personas, hay verdades de papel que no son verdades en la práctica, por ejemplo, el año pasado mientras hubo una transición las manillas dejaron de funcionar por varios días. Desde luego es una especie de chantaje, es un contrato amañado y con muchas falencias”, añadió

Sigue La W contactó a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), con el fin de conocer sus argumentos y puntos de vista frente a esta situación, sin embargo, no fue posible tenerlos al aire durante la emisión del programa.