La respuesta de Corficolombiana al fallo de $14 billones por tres CDT

Corficolombiana respondió al fallo que emitió el Tribunal de Cundinamarca por $14 billones contra esa corporación financiera, la rama judicial y el Consejo Superior de la Judicatura por tres CDT que, según esta entidad, son falsos.

La entidad señaló que se trata de un fallo de primera instancia dentro de una acción de reparación directa contra la Nación en el que se vinculó a esta entidad pese a “no ser ni cumplir funciones de juez, y, por lo tanto, no ser sujeto calificado para cometer error judicial”.

“Este fallo no sólo es arbitrario porque reabre el debate que se dio en el proceso penal y en el proceso civil, desconociendo el principio de cosa juzgada y las decisiones legítimas de los jueces y magistrados, sino que además, según los cálculos de la Secretaría de la Sección del Tribunal (sin fundamento en ningún dictamen pericial), unos CDT inexistentes, cuya supuesto valor de capital era de $175.500.000 se convierten inexplicablemente en $14.4 billones”, advirtió Corficolombiana.

La entidad agregó que el ponente original ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Magistrado Carlos Alberto Vargas, quien vinculó oficiosamente a Corficolombiana a este proceso, fue destituido y condenado por corrupción en diferentes procesos judiciales.

Además, aseveró que para la Magistrada Clara Cecilia Suárez, quien es la ponente de este fallo, se equivocaron, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá que decidió el proceso ejecutivo, así como la Sala Civil y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, quienes coincidieron en la legalidad del fallo del Tribunal. Estas decisiones de las salas, proferidas a favor de Corficolombiana, le negaron el pago de los supuestos CDT al señor Alejandro González Beltrán.

Por ende, Corficolombiana interpondrá el recurso de apelación ante el Consejo de Estado, por lo que este fallo sólo producirá efectos una vez se resuelva el recurso por dicha autoridad judicial.

La historia de los CDT

Según Corficolombiana, estos supuestos CDT de Corfivalle (sociedad con la que posteriormente se fusionó Corficolombiana), fueron por $175.500.000, “supuestamente expedidos en 1989 y fueron presentados para su cobro ante Corfivalle en el año de 1999. El pago de los CDT fue rechazado, por no existir evidencia de dichos depósitos y dio lugar a una denuncia por estafa y falsedad en documento contra Alejandro González Beltrán, así como a la extensa batalla judicial, que concluyó que la Corporación había obrado legítimamente al negarse al pago, por no haberse demostrado a lo largo del proceso ejecutivo, la realización del depósito del dinero de los CDT por parte del señor González”.

La Corporación radicó el pasado 8 de noviembre una solicitud de aclaración y adición frente al fallo de primera instancia en la cual se ponen de presente manifiestos errores aritméticos además de inexplicables cálculos financieros que llevaron a la exorbitante suma. En igual sentido, la Rama Judicial, demandado principal en este proceso, radicó un escrito de aclaración y adición.