JEP extiende medidas cautelares sobre 27 cementerios en el eje cafetero

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) extendió por seis meses más las medidas cautelares sobre 27 cementerios en los departamentos de Risaralda y Quindío, en los que se presume la presencia de víctimas de desaparición forzada.

De acuerdo con lo expuesto por los magistrados, a la fecha no se han mitigado los riesgos sobre los cuerpos de interés que estarían inhumados en los campos santos, y desde las otras autoridades y entidades no se cuenta con acciones concretas para avanzar en la intervención de los cementerios e identificación de los cuerpos. Todo esto, con un duro llamado de atención.

“Es inadmisible que en esta audiencia se hayan presentado respuestas imprecisas, de más o menos, o aproximadamente. (...) la falta de respuestas de las instituciones o respuestas contradictorias o las excusas injustificables, vinculadas con el desconocimiento de la ley y obligaciones de los funcionarios públicos” manifestó la magistrada Reinere Jaramillo.

Además, los jueces transicionales ordenaron que comience la prospección y exhumación de cadáveres de interés para la JEP, en los cementerios Jesús María Estrada de Marsella (Risaralda) y El Carmelo en el municipio de Salento (Quindío), para lo cual solicitaron a la Fiscalía de la JEP (UIA) que presente una propuesta de intervención “en coordinación con la Fiscalía” y otros interesados, invitando a la Unidad de Búsqueda a participar, si lo desea, en el trámite.

“El plazo para presentar el proyecto de intervención forense es de 20 días hábiles improrrogables, y las labores deben iniciarse en el mes de enero de 2023″ sentenció la magistrada Reinere Jaramillo.

También, se decidió fueron vinculados al trámite de medidas cautelares la gobernación del Valle del Cauca así como alcaldías de municipios como Cartago o El Dovio; lo anterior, debido a que se investiga si víctimas de hechos criminales como la denominada “masacre de Trujillo” fueron a parar a cementerios del eje cafetero, objeto del trámite.

Por su parte, el procurador Jairo Acosta en su intervención reseñó varias consideraciones como el “inaplazable” deber de las autoridades con las víctimas, estando cerca de un estado de cosas inconstitucional, realizando una audiencia de carácter nacional, ya que “da la impresión” de que el tema no se tiene como prioridad en las agendas de las administraciones.

“Que esto se eleve a un nivel de una audiencia precisamente, en la que las medidas cautelares aborden, llamen a todas las autoridades nacionales y territoriales para que precisamente se pueda hacer una valoración y establecer cuál es el grado de compromiso con el cumplimiento de las obligaciones y se enteren de todo lo que está haciendo falta” sentenció.

Finalmente, los magistrados, ordenaron a Medicina Legal que en 60 días máximo presente un plan estratégico para dar celeridad al proceso de localización, protección, debida custodia e identificación de los cuerpos exhumados en la medida cautelar otorgada a la organización Movice en distintas partes del país.