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Sigue enredado proyecto de prohibición de fracking en el Congreso

La Comisión Quinta del Senado tuvo que aplazar de nuevo la votación, esta vez por dos recusaciones de la oposición alegando falta de garantías.

Imagen de referencia del Congreso de la República. Foto: Colprensa.

Vuelve y juega. El proyecto que busca prohibir el fracking en Colombia y que hace parte de la agenda legislativa del Gobierno de Gustavo Petro, volvió a quedar en la cuerda floja, esta vez por recusaciones presentadas contra integrantes de la Comisión Quinta del Senado, donde la iniciativa se discute en primer debate.

Las recusaciones fueron presentadas por la senadora Yenny Rozo, del Centro Democrático, en contra de sus colegas Inti Asprilla, de Alianza Verde, e Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, argumentando que ellos, como presidente y vicepresidente de la comisión, no dan garantías a la oposición para el debate.

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La motivación del recurso, que fue conocido por La W, se basa en la citación que hubo la semana pasada para arrancar el debate y la cual fracasó por falta de quórum y ante la ausencia de la senadora Rozo, quien debía sustentar la ponencia que pide el archivo.

La congresista uribista tenía un viaje internacional y presentó excusa para asistir. Según relata, solicitó el aplazamiento del debate para poder estar en la sesión, pero aun así fue convocado por Asprilla y Zuleta.

“La mesa directiva de la Comisión Quinta Constitucional permanente del Senado de la República pretende cercenar las posturas y derechos congresionales que me inviste mi elección como opositora al gobierno actual, dando debate a dicha iniciativa mientras me encontraba en comisión oficial por fuera del país, en beneficio de intereses de campaña propias”, señala el documento.

Asimismo, Rozo afirma que “las decisiones e intervenciones realizadas por el señor presidente y la señora vicepresidenta de la comisión dejan en claro la falta de objetividad y garantías necesarias para presidir el debate al PL 114 de 2022 Senado”.

Así las cosas, la Comisión de Ética tendrá cinco días para resolver las recusaciones y definir la continuidad del debate.